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Foro Asuntos de Vida: Más que el dinero de los impuestos en peligro

 

Más que el dinero de los impuestos en peligro

Kimberly Baker

8 de julio de 2011

La prohibición de la legislatura de Indiana en el uso de fondos de Medicaid para Planned Parenthood ha encendido el debate entre los gobiernos estatales y el federal sobre el uso de fondos públicos por parte de organizaciones que realizan y promueven abortos.

En mayo, el estado de Indiana aprobó una ley que prohíbe la financiación pública vía Medicaid para organizaciones que realizan abortos o administran instalaciones donde se realizan abortos. Esto quitó el financiamiento a Planned Parenthood, el proveedor de abortos más grande del Estado. En junio, la jueza del distrito federal Tanya Walton Pratt emitió una medida cautelar contra ciertas partes de la ley de Indiana, lo que impidió que entraran en vigencia. El Procurador General de Indiana Greg Zoeller interpuso un recurso de apelación a este fallo, y el caso actualmente está pendiente.

En una entrevista del 28 de junio, la Jueza Pratt dijo que una negación a la medida cautelar "podría oponer el gobierno federal al estado de Indiana en un impasse político de alto riesgo... Y si el dogma mata el pragmatismo y ninguno de los lados cambia de opinión, los ciudadanos más vulnerables de Indiana podrían terminar pagando el precio como los daños colaterales de una batalla partidista".

Pero la negativa de Indiana de financiar a Planned Parenthood no es un panorama de que "el dogma mata el pragmatismo". En cambio, los esfuerzos para financiar a quienes realizan y defienden el aborto reflejan un esfuerzo coordinado para hacer que una mentalidad práctica prevalezca sobre la verdad y la justicia. Dicho sencillamente, la legislación de Indiana refuerza la postura de que el asesinato de seres humanos inocentes no merece el apoyo financiero del Estado, y de que los fondos públicos están mejor encaminados hacia otro lado.

Si se torna obligatorio el financiamiento público de proveedores de aborto, de alguna manera se están violando los límites. Si se obliga a los ciudadanos a financiar el aborto o a grupos que promueven el aborto mediante sus impuestos, incluso contra sus convicciones morales y religiosas, de alguna manera se están violando los límites. Es una imposición sobre la libertad cuando, contra el consentimiento de muchos, el dinero de los contribuyentes se utiliza para financiar a la red más grande de clínicas de abortos de la nación.

Recordemos brevemente las palabras proféticas escritas en 1987 en la instrucción de la Santa Sede, Donum vitae:

"Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del estado de derecho" (Donum vitae, III).

La actual legislación de Indiana exige que se informe a toda mujer que busque tener un aborto sobre la existencia de la vida biológica del ser humano que comienza en la concepción. La jueza federal sostuvo esa disposición, sin embargo, luego insinuó que "los ciudadanos más vulnerables" del estado eran las mujeres con derecho a Medicaid que tendrán que obtener servicios de anticoncepción o para enfermedades de transmisión sexual de otros proveedores de atención medica y no de Planned Parenthood.

La flagrante contradicción de la declaración es desconcertante cuando nos damos cuenta de que los ciudadanos más pequeños y más vulnerables de Indiana ya están pagando con su vida. La financiación pública para los así llamados "servicios de salud" que matan, en lugar de sanar, no debería ser ni siquiera un asunto entre los legisladores.

Kimberly Baker es asistente ejecutiva del Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Para más información sobre las actividades pro-vida de los obispos, visitewww.usccb.org/prolife.



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