Ciudadanos Comprometidos
Un Llamado Católico a la Responsabilidad Política

Una declaración del Comité Administrativo de la United States Conference of Catholic Bishops

Cada cuatro años desde 1976, el Comité Administrativo de la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) ha emitido una declaración sobre las responsabilidades de los católicos hacia la sociedad. El fin de dicha declaración es comunicar la enseñanza de la Iglesia, que llama a todo católico a practicar una ciudadanía activa y plena de fe, basada en una conciencia adecuadamente informada, en la que cada discípulo de Cristo sea testimonio público del compromiso de la Iglesia con la vida y la dignidad humana, con especial preferencia por los pobres y vulnerables. Ciudadanos comprometidos: Un llamado católico a la responsa-bilidad política fue elaborado bajo la conducción de los Comités de Política Interna y de Política Internacional, con el Comité de Prioridades y Planes, y en colaboración con muchos otros comités y oficinas de la USCCB. Fue revisado y aprobado en septiembre del 2003 por el comité Administrativo y está autorizado para su publicación por el abajo firmante.

Mons. William P. Fay

Secretario General, USCCB

Escrituras en español han sido tomadas de Lecturas para la Liturgia de la Palabra, segunda edición, copyright © 1985 Editorial El, S.A. de C.V. Propriedad de la Comisión de Liturgia, Música y Arte Sacro de Mexico. Imprimida por Obra Nacional de la Buena Prensa, A.C., Mexico City. Usadas con permiso. Se reservan todos los derechos.

Fotografías: pág. iv, Les Fetchko/CNS; págs. 3, 6, 29, Reuters/CNS; pág. 8, Paul Haring/CNS; págs. 10, 14, 16, 21, Human Issues Collaborative, Inc.; pág. 18, Nancy Wiechec/CNS; pág. 26, Liquid Library.

Primera impresión, febrero del 2004

ISBN 1-57455-894-3

Copyright © 2004, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Se reservan todos los derechos. Esta declaración puede ser fotocopiada y distribuida.

Contenido

• Introducción

• Tareas y preguntas para los creyentes

• Un llamado a ser ciudadanos comprometidos

• La Contribución católica en el terreno público

• El papel de la Iglesia

• Temas de la enseñanza social católica

• Prioridades morales para la vida pública

• Conclusión

• Principales declaraciones católicas sobre la vida pública y los asuntos morales

Introducción

Las elecciones nos brindan una oportunidad para debatir y tomar decisiones sobre los dirigentes, las políticas y los valores que guiarán a nuestra nación. Desde la última elección presidencial y desde nuestra última reflexión sobre el compromiso cívico, nuestra nación ha sido atacada por terroristas y ha ido a la guerra dos veces.1 Hemos pasado de considerar cómo repartir los excedentes presupuestarios a cómo asignar la responsabilidad de los déficits. Al acercarnos a las elecciones del 2004, enfrentamos difíciles retos para la nación y el mundo.

Nuestra nación ha sido herida. El 11 de septiembre y la situación posterior a esa fecha nos enseñaron que no hay fuerza militar, poder económico ni avances tecnológicos que puedan verdaderamente garantizar la seguridad, la prosperidad y el progreso. Los desafíos más importantes que enfrentamos no son simplemente políticos, económicos o tecnológicos, sino también éticos, morales y espirituales. Enfrentamos cuestiones fundamentales sobre la vida y la muerte, sobre la paz y la guerra, sobre quién progresa y quién se queda atrás.

Nuestra Iglesia también está trabajando para curar heridas. Nuestra comu-nidad de fe y especialmente nosotros, como obispos, estamos trabajando para asumir nuestra responsabilidad y para tomar todas las medidas necesarias con el fin de superar el dolor, los daños y la pérdida de confianza resultantes de la maldad del abuso sexual clerical. Mientras trabajamos para proteger a los niños y para recuperar la confianza, no debemos abandonar el importante papel de la Iglesia en la vida pública y el deber de alentar a los católicos para que actúen sobre la base de nuestra fe en la vida política.

Esta época y estas elecciones nos pondrán a prueba como católicos esta-dounidenses. Un renovado compromiso con una responsabilidad cívica basada en la fe puede ayudar a curar las heridas de nuestra nación, de nuestro mundo y de nuestra Iglesia. Lo que hemos sufrido ha cambiado muchas cosas, pero no ha modificado la misión y el mensaje fundamental de los católicos en la vida pública. En épocas de terror y de guerra, de inseguridad global e incertidumbre económica, de falta de respeto por la vida y la dignidad humana, necesitamos volver a los principios morales básicos. La política no puede centrarse meramente en el conflicto ideológico, en la búsqueda de ventajas partidarias o en las contribuciones políticas. Debe tratarse de elecciones morales fundamentales. ¿Cómo protegemos la vida humana? ¿Cómo compartimos en forma justa las bendiciones y el peso de los desafíos que enfrentamos? ¿Qué tipo de nación deseamos ser? ¿Qué tipo de mundo deseamos moldear?

La política durante este año de elecciones y en el futuro debe centrarse en una idea vieja con nuevo poder: el bien común. La pregunta central no debería ser, “¿Ha mejorado su situación en los últimos cuatro años?” Debería ser “¿Cómo puede mejorar nuestra situación —la de todos nosotros, especialmente la de los pobres y la de los vulnerables— en los próximos años? ¿Cómo podemos proteger y promover la vida humana y su dignidad? ¿Cómo podemos ir en busca de la justicia y la paz?”

Al enfrentar estos desafíos, ofrecemos una vez más una imagen simple —la de la mesa.2 ¿Quién tiene un lugar en la mesa de la vida? ¿Dónde está el lugar en esa mesa para el millón de niños de nuestra nación cuyas vidas se destruyen cada año antes de nacer? ¿Cómo podemos asegurar un lugar en esa mesa para los hambrientos y para los que carecen de cuidado médico en nuestra tierra y en el mundo? ¿Dónde está el lugar en esa mesa para aquellos en nuestro mundo que carecen de libertad para practicar su fe o para defender sus creencias? ¿Cómo podemos asegurar que las familias de nuestras zonas urbanas y de nuestras comunidades rurales, de los barrios de América Latina y de los pueblos de África y Asia tengan un lugar en la mesa —es decir, lo suficiente para comer, un trabajo y un salario decente, educación para sus hijos, cuidado médico y vivienda adecuada y, más que nada, esperanza en el futuro?

Recordamos especialmente a los que no están ahora en la mesa de la vida —a aquellos que perdimos en el terror del 11 de septiembre, al servicio de nuestra nación y en los sangrientos conflictos de Irak, Afganistán, en el Medio Oriente y en África.

La mesa también es un lugar donde nuestras comunidades, nuestra nación y el mundo toman decisiones importantes. ¿Cómo pueden los más pobres de la tierra y los vulnerables en nuestro país, incluyendo a los inmigrantes y a los que sufren de discriminación, tener un verdadero lugar en la mesa en la que se establecen las políticas y las prioridades?

Para los católicos, es en una mesa especial —en el altar del sacrificio, donde celebramos la Eucaristía— donde encontramos la fuerza y dirección para llevar nuestras creencias al terreno público, usando nuestras voces y votos para defender la vida, promover la justicia, luchar por la paz y encontrar un lugar en la mesa para todos los hijos de Dios.

Tareas y preguntas para los creyentes

Nuestra nación tiene la suerte de gozar de libertad, democracia, abundantes recursos y gente generosa y religiosa. Sin embargo, nuestra prosperidad no llega lo suficientemente lejos. Nuestra cultura a veces no nos eleva, sino que nos deprime en el aspecto moral. Nuestro mundo ha sido herido por el terrorismo, desgarrado por los conflictos y perseguido por el hambre.

Al acercarnos a las elecciones del 2004, renovamos nuestro llamado a una nueva política —centrada en principios morales y no en las últimas encuestas; en las necesidades de los pobres y los vulnerables, y no en las contribuciones de los ricos y poderosos; y en la búsqueda del bien común, y no en las exigencias de intereses especiales.

El llamado a ser ciudadanos comprometidos requiere que los católicos vean las responsabilidades cívicas y políticas a través de los ojos de la fe, para llevar nuestras convicciones morales a la vida pública. La gente de buena voluntad y de una fe sólida puede diferir sobre la aplicación específica de los principios católicos. Sin embargo, los católicos en la vida pública tienen en particular la responsabilidad de unir en forma coherente su fe, sus principios morales y sus responsabilidades públicas.

En este momento, algunos católicos pueden sentirse políticamente desam-parados, al percibir que ningún partido político y pocos candidatos comparten una preocupación constante por la vida humana y su dignidad. Sin embargo, no es el momento adecuado para retraerse o desanimarse. Necesitamos que haya un compromiso más solido en el ámbito político y no lo contrario. Exhortamos a los católicos a que participen más —lanzándose como candidatos a cargos políticos; trabajando dentro de los partidos políticos; contribuyendo monetariamente o donando su tiempo para las campañas; y participando en las redes legislativas diocesanas, en las organizaciones comunitarias y en otras iniciativas para poner en práctica los principios católicos en el terreno público.

La comunidad católica es una comunidad de fe diversa, no un grupo de interés. Nuestra Iglesia no ofrece contribuciones ni endosos. En cambio, nosotros formulamos una serie de preguntas, con la intención de elevar la dimensión moral y humana de las alternativas que enfrentan electores y candidatos:

• Después del 11 de septiembre, ¿cómo podemos construir un mundo no sólo más seguro, sino también mejor —más justo, más pacífico, que respete más la vida humana y su dignidad?

• ¿Cómo protegeremos a los más débiles que se encuentran entre nosotros —a los niños inocentes aún no nacidos? ¿Cómo podemos impedir que nuestra nación recurra a la violencia para resolver algunos de sus problemas más difíciles —el aborto para hacer frente a embarazos difíciles; la pena de muerte para combatir la delincuencia; la eutanasia y el suicidio asistido como manera de lidiar con las dificultades de la edad, la enfermedad y la discapacidad; y la guerra para responder a las disputas internacionales?

• ¿Cómo responderemos al trágico hecho de que más de 30.000 niños mueren diariamente como resultado del hambre, la deuda internacional y la falta de desarrollo en el mundo, así como también al hecho de que cuanto más joven uno es, más probabilidades tiene de ser pobre aquí, en la nación más rica de la tierra?

• ¿Cómo puede nuestra nación ayudar a los padres a criar hijos que respeten la vida, que tengan valores morales firmes, un sentido de esperanza y una ética de responsabilidad? ¿Cómo puede nuestra sociedad defender la institución fundamental del matrimonio y apoyar de una mejor manera a las familias en sus papeles y responsabilidades morales, ofreciéndoles opciones verdaderas y recursos financieros para poder obtener una educación de calidad y una vivienda decente?

• ¿Cómo trataremos el problema del creciente número de familias e indi-viduos que carecen de cuidado médico que esté al alcance de su bolsillo? ¿Cómo puede el cuidado médico proteger mejor la vida humana y respetar la dignidad humana?

• ¿Cómo puede nuestra sociedad combatir el continuo prejuicio, superar la hostilidad hacia los inmigrantes y refugiados, y curar las heridas del racismo, el prejuicio religioso y otras formas de discriminación?

• ¿Cómo buscará nuestra nación los valores de la justicia y de la paz en un mundo en el que la injusticia es común, la pobreza es generalizada y frecuentemente la paz es abatida por la violencia?

• ¿Cuáles son las responsabilidades y limitaciones de las familias, de las organizaciones comunitarias, de los mercados y del gobierno? ¿Cómo pueden estos elementos de la sociedad funcionar conjuntamente para superar la pobreza, ir tras el bien común, cuidar de la creación y vencer la injusticia?

• ¿Cuándo debería nuestra nación usar, o evitar usar, la fuerza militar —con qué propósito, bajo qué autoridad y a qué costo humano?

• ¿Cómo podemos unirnos a otras naciones para guiar al mundo con el fin de que haya un mayor respeto por la vida humana y su dignidad, por la democracia y la libertad religiosa, por la justicia económica y por el cuidado de la creación de Dios?

Esperamos que estas preguntas y las campañas del 2004 den lugar a un menor cinismo y a una mayor participación, a un menor partidismo y a un diálogo más civil sobre temas fundamentales.

Un llamado a ser ciudadanos comprometidos

Uno de los grandes dones en los Estados Unidos es nuestro derecho y responsabilidad de participar en la vida cívica. Todo el mundo puede y debe participar. Incluso los que no pueden votar tienen el derecho de hacer que sus voces se escuchen sobre asuntos que afectan a sus comunidades.

La Constitución protege el derecho de los individuos y de los organismos religiosos a expresarse sin interferencia, favoritismo, ni discriminación del gobierno. Los asuntos públicos más importantes poseen una dimensión moral. Los valores religiosos tienen consecuencias públicas significativas. Nuestra nación se ve enriquecida y nuestra tradición de pluralismo se ve realzada, no amenazada, cuando los grupos religiosos contribuyen con sus valores en los debates públicos.

Como obispos, tenemos la responsabilidad, como estadounidenses y como maestros religiosos, de expresar las dimensiones morales de la vida pública. La comunidad católica se introduce en la vida pública no para imponer una doctrina sectaria, sino para poner en práctica nuestras convicciones morales, para compartir nuestra experiencia en el servicio de los pobres y los vulnerables, y para participar en el diálogo sobre el futuro de nuestra nación.

El marco moral católico no se adapta fácilmente a las ideologías de la “derecha” y la “izquierda”, ni a las plataformas de ningún partido. Nuestros valores a menudo no son “políticamente correctos”. Se les llama a los creyentes a formar una comunidad de conciencia dentro de la sociedad más amplia y a poner a prueba la vida pública mediante los valores de las Escrituras y los principios de la enseñanza católica. Nuestra responsabilidad consiste en evaluar a todos los candidatos, las políticas, los partidos y las plataformas según la forma en que protejan o socaven la vida, la dignidad y los derechos de la persona humana —si protegen o no a los pobres y los vulnerables, y promueven el bien común.

Jesús nos llamó a “amarnos los unos a los otros”.3 Las palabras y el ejemplo del Señor exigen que cada uno de nosotros cuide a “aquellos más insigni-ficantes”.4 Sin embargo, también requieren de nuestros actos en una escala más amplia. La responsabilidad cívica basada en la fe se extiende más allá de las elecciones. Requiere una participación continua en el constante proceso político y legislativo.

Una reciente declaración del Vaticano sobre la participación católica en la vida política destaca la necesidad de involucrarse:

Las actuales sociedades democráticas . . . exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas que, según ellos, favorecen mayormente el bien común.5

En la tradición católica, la ciudadanía responsable es una virtud; la partici-pación en el proceso político es una obligación moral. Se llama a todos los creyentes a desempeñar una ciudadanía responsable, a convertirse en partici-pantes informados, activos y responsables del proceso político. Como hemos dicho, “Animamos a todos los ciudadanos, especialmente a los católicos, a que consideren su ciudadanía no sólo como un deber y un privilegio, sino como una oportunidad para parti-cipar [más plenamente] en la edifi-cación de la cultura de la vida. Todas las voces cuentan en el foro público. Todos los votos cuentan. Todos los actos de ciudadanía res-ponsable son un ejercicio de gran valor individual”.6 Se llama incluso a aquellos que no son ciudadanos

a participar en los debates que moldean nuestra vida común.

La contribución católica en el terreno público

Nuestra comunidad de fe brinda tres contribuciones principales ante estos desafíos.

Un marco moral coherente

La Palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia nos proporcionan una forma particular de ver el mundo. Las Escrituras nos llaman a “elegir la vida”, a servir a “aquellos más insignificantes”, a tener “hambre y sed de justicia” y a “trabajar por la paz”. 7

La enseñanza católica ofrece principios morales coherentes para evaluar el impacto que pueden tener los diversos asuntos, las plataformas políticas y las campañas sobre la vida y su dignidad humana. Como católicos, no estamos libres de abandonar a los niños aún no nacidos porque no son deseados o se les considere una inconveniencia; de dar la espalda a los inmigrantes porque carezcan de documentos apropiados; de crear y después destruir vidas huma-nas en la búsqueda de avances o beneficios médicos; de alejarnos de las muje-res y niños pobres, porque carecen de poder económico y político; o de ignorar a los enfermos porque no tienen seguro. Así como tampoco podemos descuidar las responsabilidades mundiales en la situación posterior a la guerra porque los recursos son escasos. La enseñanza católica nos pide que alcemos la voz por los que no tienen voz y que actuemos conforme a valores morales universales.

La experiencia cotidiana

Nuestra comunidad también aporta en la vida pública una experiencia amplia en el servicio de los necesitados. Todos los días, la comunidad católica educa a los jóvenes, cuida de los enfermos, da refugio a los desamparados, alimenta a los hambrientos, ayuda a familias necesitadas, da la bienvenida a los refugiados y sirve a los ancianos.8 En defensa de la vida, extendemos nuestra mano a los niños y a los enfermos, a los ancianos y a los discapacitados que necesitan ayuda. Apoyamos a las mujeres que tienen embarazos difíciles, y asistimos a aquellas personas que han sido heridas por el trauma del aborto y de la violencia doméstica. En muchos temas, hablamos por los que no tienen voz. No son temas abstractos para nosotros; tienen nombres y rostros. Contamos con la experiencia práctica y cotidiana para contribuir al debate público.

Una comunidad de pueblos

La comunidad católica es grande y diversa. Somos Republicanos, Demócratas e Independientes. Somos miembros de todas las razas, provenimos de todos los grupos étnicos y vivimos en comunidades urbanas, rurales y suburbanas de los cincuenta estados. Somos ejecutivos y trabajadores agrícolas migrantes, senadores y personas que reciben asistencia pública, dueños de empresas y miembros sindicales. Pero se les llama a todos los católicos a adquirir el compromiso común de proteger la vida humana y apoyar a las personas pobres y vulnerables. Se nos llama a todos a ser levadura moral para nuestra democracia, a ser la sal de la tierra.9

El papel de la Iglesia

La iglesia es llamada a educar a los católicos sobre nuestra enseñanza social, a destacar la dimensión moral de las políticas públicas, a participar en debates sobre asuntos que afectan al bien común y a ser testimonio del Evangelio en la práctica de nuestros servicios y ministerios. La participación de la comunidad católica en los asuntos públicos no socava sino que enriquece el proceso político, y afirma el genuino pluralismo. Los líderes de la Iglesia tienen el derecho y el deber de compartir la enseñanza católica y de educar a los católicos sobre las dimen-siones morales de la vida pública, de manera tal que puedan formar su conciencia a la luz de su fe.

La reciente declaración del Vaticano sobre la vida política señala esos aspectos:

[La Iglesia] no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio —en cumplimiento de su deber— instruir e iluminar la con-ciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común.10

Urgimos a nuestros conciudadanos a que “vayan más allá de la política partidista, que analicen las promesas de las campañas con un ojo crítico y que escojan sus dirigentes políticos según su principio, no su afiliación política o el interés propio”.11 Como obispos deseamos formar la conciencia de nuestro pueblo. No deseamos instruir a las personas sobre cómo votar refrendando u oponiéndonos a ciertos candidatos. Esperamos que los elec-tores examinen la posición de los candidatos en la gama plena de asuntos, así como también su integridad, su filosofía y su desempeño personal. Estamos convencidos de que una ética coherente de la vida debería ser el marco moral desde el cual tratar los asuntos en la arena política.12

Para los católicos, la defensa de la vida y su dignidad humana no es una causa estrecha, sino una forma de vida y un marco para la acción. Un mensaje clave de la declaración del Vaticano sobre la vida pública es que los católicos en la política deben reflejar los valores morales de nuestra fe con una clara y constante prioridad por la vida y dignidad de la persona humana.13 Ésta es la vara moral fundamental para medir su servicio. La declaración del Vaticano también señala:

Hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto ais-lado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad.14

Las decisiones sobre los candidatos y las elecciones sobre políticas públicas requieren un compromiso claro a los principios morales, un discernimiento cuidadoso y juicios prudentes basados en los valores de nuestra fe.

Las elecciones que se avecinan proveen importantes oportunidades para unir nuestros principios, nuestra experiencia y nuestra comunidad en un testi-monio público eficaz. Esperamos que las parroquias, diócesis, escuelas, universidades y demás instituciones católicas alienten la participación activa mediante el registro no partidario de electores, e iniciativas de educación, así como también mediante las redes legislativas y programas de incidencia15 en curso. Como católicos necesitamos compartir nuestros valores, elevar nuestras voces y usar nuestros votos para dar forma a una sociedad que proteja la vida humana, promueva la vida familiar, camine hacia la justicia social y practique la solidaridad. Estos esfuerzos pueden fortalecer nuestra nación y renovar la Iglesia.

Temas de la enseñanza social católica

El enfoque católico de una ciudadanía comprometida se inicia con principios morales, no con plataformas partidarias. Las instrucciones para nuestro testimonio público se encuentran en las Escrituras y en la enseñanza social católica. He aquí algunos temas claves en el corazón de nuestra tradición social católica.16

Vida y dignidad de la persona humana

Toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, deben respetarse la vida y dignidad de cada individuo, ya sea la de un niño inocente que aún no ha nacido y está en el seno materno, ya sea la de una persona que trabajaba en las Torres Gemelas o en un mercado de Bagdad, o inclusive la de un criminal que ha sido condenado y está en la espera de la pena capital. Creemos que toda vida humana es sagrada desde su concepción hasta su término natural, que la gente es más importante que las cosas, y que la vara para medir toda institución es si ésta protege y respeta la vida y la dignidad de la persona humana. Tal y como señala la reciente declaración del Vaticano, “La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. La participación católica en la vida política no puede poner en riesgo este principio”.17

Llamado a la familia, a la comunidad y a la participación

La persona humana no sólo es sagrada sino también social. Las instituciones, establecidas por Dios, el matrimonio —el compromiso de por vida entre un hombre y una mujer— y la familia son centrales, y sirven como fundamentos de la vida social. El matrimanio y la familia deben ser apoyados y fortalecidos, no socavados. Toda persona tiene el derecho a participar en la vida social, económica y política, y el deber correspondiente de trabajar para la promoción del bien común y del bienestar de todos, especialmente de los pobres y los débiles.

Derechos y responsabilidades

Toda persona tiene el derecho fundamental a la vida —el derecho que hace que todos los demás derechos sean posibles. Toda persona también tiene el derecho a las condiciones para vivir una vida decente— es decir, a la fe y la vida familiar, a los alimentos y el refugio, a la educación y el empleo, a la asistencia médica y la vivienda. También tenemos el deber de asegurar y respetar estos derechos no sólo para nosotros, sino para los demás, y de cumplir con nuestras responsabilidades hacia nuestras familias, hacia el pró-jimo y hacia la sociedad en general.

Opción por los pobres y vulnerables

Las Escrituras nos enseñan que Dios tiene una preocupación especial por los pobres y los vulnerables.18 Los profetas denunciaron la injusticia hacia los pobres como una falta de fidelidad al Dios de Israel.19 Jesús, que se identificó a sí mismo con “aquellos más insignificantes”,20 vino “para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos”.21 La Iglesia nos llama a todos para abrazar esta opción preferencial por los pobres y los vulnerables,22 para encarnarla en nuestras vidas, y para trabajar con el fin de que esta opción fomente las prioridades y las políticas públicas. Una manera fundamental de medir nuestra sociedad es cómo cuidamos y apoyamos a los pobres y vulnerables.

Dignidad del trabajo y derechos de los trabajadores

La economía debe servir a la gente y no a la inversa. El trabajo es más que una forma de ganarse la vida; es una forma de una participación continua en el acto de la creación de Dios. Si la dignidad del trabajo debe ser protegida, entonces los derechos básicos de los trabajadores, propietarios, y otros deben ser respetados —el derecho a un trabajo productivo, a jornales justos y decentes, a organizarse y a ser miembro de un sindicato, a la iniciativa económica, a ser propietarios y a la propiedad privada. Estos derechos deben ejercerse de manera que promuevan el bien común.

Solidaridad

Somos una familia. Somos los cuidadores de nuestros hermanos y hermanas, dondequiera que éstos se hallen. El Papa Juan Pablo II insiste, “Todos somos verdaderamente responsables de todos”.23 Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales en un mundo cada vez más pequeño. En la esencia de la virtud de la solidaridad está la búsqueda de la justicia y de la paz. El Papa Pablo VI expresó que “si quieres la paz, trabaja por la justicia”.24 El Evangelio nos llama a “trabajar por la paz”.25 Nuestro amor hacia todos nuestros hermanos y hermanas exige que seamos “centinelas de la paz” en un mundo herido por la violencia y el conflicto.26

Cuidado de la creación de Dios

Se nos ha confiado el mundo que Dios creó. El uso que de él hagamos debe ser guiado por el plan de Dios hacia la creación, no simplemente por nuestro propio beneficio. Nuestra responsabilidad de cuidar la tierra es una forma de participación en el acto de Dios de creación y sustento del mundo. Al hacer uso de la creación, nos debe guiar la inquietud por las generaciones veni-deras. Mostramos nuestro respeto por el Creador cuidando de su creación.

Estos temas anclan el papel de nuestra comunidad en la vida pública. Nos ayudan a resistir el excesivo interés personal, el partidismo ciego y los programas ideológicos. También nos ayudan a evitar las distorsiones extremas del pluralismo y de la tolerancia, que niegan todo valor fundamental y desechan las contribuciones y convicciones de los creyentes. Como lo explica la declaración del Vaticano sobre la vida pública, no podemos aceptar una comprensión del pluralismo y de la tolerancia que sugiera que “todas las posibles concepciones de la vida [tienen] igual valor”.27 Sin embargo, esta insistencia en que hay valores morales fundamentales “no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común”. 28

Prioridades morales para la vida pública

Deseamos llamar la atención de manera especial a temas que creemos que son importantes en el debate nacional en esta campaña y en los años venideros. Estos breves resúmenes no reflejan la profundidad ni los detalles de las posiciones que hemos adoptado en los documentos que se citan al final de esta declaración.

Proteger la vida humana

La vida humana es un don de Dios, sagrado e inviolable. Dado que toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, tenemos el deber de defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural y en todas las condiciones.

Nuestro mundo no carece de amenazas para la vida humana. Observamos con horror la mortal violencia del terrorismo, la guerra, las hambrunas, y los niños que mueren de enfermedades. Nos enfrentamos a una nueva e insidiosa mentalidad que niega la dignidad de algunas vidas humanas vulnerables y encara la eliminación de ellas como una elección personal y un bien social. Como escribimos en Vivir el Evangelio de la Vida, “El aborto y la eutanasia se han convertido en amenazas constantes a la dignidad humana porque atacan directamente a la vida misma, el más fundamental de los bienes humanos y la condición para todos los demás”.29 El aborto, la eliminación deliberada de un ser humano antes del nacimiento, nunca es moralmente aceptable. La destrucción de los embriones humanos como objetos de investigación es inmoral. Este mal se agrava cuando se crea la vida humana mediante la clonación u otros medios, sólo para que sea destruida. La resuelta eliminación de la vida humana mediante el suicidio asistido y la eutanasia nunca es un acto de misericordia. Es una agresión injustificable a la vida humana. Por las mismas razones, el ataque intencional de civiles en la guerra o en los atentados terroristas siempre es inmoral.

Al proteger la vida humana, “Debemos comenzar con el compromiso de nunca matar intencionalmente, ni participar en la matanza de cualquier vida humana inocente, no importa lo defectuosa, deformada, minusválida o deses-perada que parezca.” 30

Urgimos a los católicos y a otros a promover leyes y políticas sociales que protejan la vida humana y su dignidad en el mayor grado posible. Las leyes que legitiman el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia son profundamente injustas e inmorales. Apoyamos la protección constitucional de la vida humana aún no nacida, así como también las iniciativas legislativas para terminar con el aborto y la eutanasia. Alentamos la aprobación de leyes y programas que promuevan los partos y las adopciones, en lugar del aborto, y que asistan a las mujeres embarazadas y a los niños. Apoyamos la ayuda para aquellos que están enfermos y agonizantes mediante la promoción de cobertura de cuidado médico para todos, así como también cuidados paliativos eficaces. Hacemos un llamado al gobierno y a los investigadores médicos para que basen sus decisiones referentes a la biotecnología y la experimentación humana en el respeto a la inherente dignidad e inviolabilidad de la vida humana desde su mismo principio, independientemente de las circunstancias de su origen.

La enseñanza católica nos llama a que trabajemos con el fin de evitar la guerra. Las naciones deben proteger el derecho a la vida buscando maneras cada vez más eficaces para evitar que se produzcan conflictos, para resolverlos por medios pacíficos y para promover la reconstrucción y reconciliación posterior al conflicto. Todas las naciones tienen el derecho y el deber de defender la vida humana y el bien común contra el terrorismo, la agresión y otras amenazas similares. Después del 11 de septiembre, hicimos un llamado para que hubiera un contacto continuo con los que habían sido perjudicados, una clara resolución en respuesta al terrorismo, un freno moral en los medios utilizados, un respeto por los límites éticos en el uso de la fuerza, una mayor focalización en las raíces del terror y un serio esfuerzo para compartir justamente las cargas de esa respuesta. Mientras la fuerza militar como último recurso puede justificarse para defenderse de la agresión y de amenazas similares al bien común, hemos presentado serias preocu-paciones morales y preguntas sobre el uso preventivo de la fuerza.

Aun cuando la fuerza militar esté justificada, debe ser discriminada y proporcional. Los ataques directos e intencionales sobre la población civil en la guerra nunca son moralmente aceptables. Como tampoco lo es el uso de las armas de destrucción masiva, u otras armas que causan un daño desproporcionado, o que no pueden desplegarse en forma que se pueda distinguir entre civiles y soldados. Por lo tanto, urgimos a nuestra nación a que fortalezca las barreras contra las armas nucleares, a que expanda los controles sobre los elementos nucleares ya existentes y otras armas de destrucción masiva, y a que ratifique el Tratado de prohibición completa de los ensayos como un paso hacia recortes más profundos y finalmente la eliminación de armas nucleares. También urgimos a nuestra nación a que se una al tratado para prohibir las minas terrestres antipersonales y para tratar el tema de las consecuencias humanas causadas por las bombas en racimo. Además urgimos a nuestra nación a que tome medidas inmediatas y serias para reducir su desproporcionado papel en el escandaloso tráfico global de armas, que contribuye a violentos conflictos en el mundo entero.

La sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse de los delitos violentos, y el deber de extender la mano a las víctimas de la delincuencia. Sin embargo, la creciente dependencia de nuestra nación en la pena de muerte no puede justificarse. No podemos enseñar que matar es inmoral, matando a aquellos que matan a otros. El Papa Juan Pablo II ha dicho que la pena de muerte es “cruel e innecesaria”.31 El antídoto para la violencia no es más violencia. A la luz de la insistencia del Santo Padre en que esto es parte de nuestro compromiso provida, promovemos soluciones para los delitos violentos que reflejen la dignidad de la persona humana, urgiendo a nuestra nación a que abandone el uso de la pena capital. También urgimos la aprobación de legislación que encare los problemas del sistema penal, y restrinja y refrene el uso de la pena capital mediante el uso de pruebas de ADN como evidencia, la garantía de una defensa legal eficaz, e iniciativas para lidiar con asuntos de justicia racial.

Promover la vida familiar

Dios estableció la familia como célula básica de la sociedad humana. Por lo tanto, debemos esforzarnos para convertir las necesidades e inquietudes de las familias como una prioridad nacional. El matrimonio debe protegerse como el compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, y nuestras leyes deberían reflejar ese compromiso. El matrimonio, como Dios lo con-cibió, provee el fundamento básico para la vida familiar y el bien común. Debe apoyarse ante las múltiples presiones que operan para socavarlo. Las políticas que tienen que ver con la definición del matrimonio, los impuestos, el lugar de trabajo, el divorcio y el bienestar social deben diseñarse con el fin de ayudar a que las familias permanezcan unidas y de recompensar la responsabilidad y el sacrificio que hacen por los niños. Dado que los factores financieros y económicos tienen un impacto tan grande sobre el bienestar y la estabilidad de las familias, es importante que se paguen salarios justos a los que trabajan para sostenerlas, y que seamos generosos con la ayuda que se ofrece a las familias pobres.

Los niños deben ser protegidos y cuidados. Afirmamos nuestro compromiso con la protección de los niños en todos los diversos escenarios y momentos, y apoyamos políticas que aseguren que el bienestar de todos los niños sea salvaguardado. Esto se refleja en el seno de nuestra Iglesia en los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes y en otras políticas adoptadas por nuestra conferencia episcopal y por las diócesis para garantizar la seguridad de los niños.

La educación de los niños es una responsabilidad fundamental de los padres. Los sistemas educativos pueden apoyar o socavar los esfuerzos de los padres para educar y cuidar a los niños. No hay un modelo o medio único de educación que sea apropiado para las necesidades de todas las personas. Los padres —los primeros y más importantes educadores— tienen el derecho fundamental de escoger la educación más apropiada según las necesidades de sus hijos, incluyendo las escuelas privadas y religiosas. No se debería negar esta opción especialmente a las familias de medios modestos debido a su situación económica. El gobierno debería ayudar a proporcionar los recursos requeridos por los padres para ejercitar este derecho básico sin discri-minación. Con el fin de apoyar el esfuerzo que hacen los padres de familia para compartir los valores básicos, creemos que puede lograrse un consenso nacional para que todos los estudiantes, en toda institución educativa, tengan la oportunidad de recibir una formación moral y del carácter para complementar su desarrollo físico e intelectual.

Los medios de comunicación desempeñan un papel creciente en la sociedad y en la vida familiar. Los valores de nuestra cultura están moldeados y son compartidos en los medios impresos así como también en la radio, en la televisión y en la Internet. Debemos equilibrar el respeto de la libertad de expresión con el cuidado del bien común, promoviendo reglamentaciones responsables para proteger a los niños y a las familias. En años recientes, la reducción de controles gubernamentales ha resultado en un nivel más bajo de programación, ha abierto las puertas a material que es cada vez más ofensivo, y ha ido desplazando programas religiosos sin contenido comercial.

Apoyamos las reglamentaciones que limiten la concentración del control de estos medios; que rechacen las ventas de medios de difusión que atraen propietarios irresponsables cuyo interés principal es lucrarse; y que abran estos medios a una mayor variedad de programación, incluyendo la religiosa. Apoyamos un sistema de evaluación de programas televisivos y una tecnología que ayude a los padres a supervisar lo que sus hijos miran.

La Internet ha creado muchos beneficios y algunos problemas. Esta tecnología debería estar a disposición de todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos. Dado que la Internet presenta serios peligros al dar fácil acceso a material pornográfico y violento, apoyamos un cumplimiento vigoroso de las leyes existentes contra la obscenidad y la pornografía infantil, así como también los esfuerzos de la industria para desarrollar una tecnología que ayude a los padres, a las escuelas y a las bibliotecas a bloquear materiales inadecuados.

Ir en busca de la justicia social

Nuestra fe refleja la especial preocupación de Dios por los pobres y los vulnerables, y nos llama a convertir sus necesidades en la prioridad más importante de la vida pública.

La doctrina de la Iglesia sobre la justicia económica insiste en que las decisiones e instituciones económicas sean evaluadas para determinar si protegen o socavan la dignidad de la persona humana. Apoyamos políticas que crean empleos para todos los que pueden trabajar, con condiciones laborales decentes y paga adecuada que refleje un salario digno. También apoyamos las iniciativas para superar las barreras que impiden salarios y empleos igualitarios para las mujeres y los que sufren de una discriminación injusta. Reafirmamos el apoyo tradicional de la Iglesia al derecho de los trabajadores a elegir organizarse, ser miembros de un sindicato, negociar colectivamente y ejercer sus derechos sin represalias. También afirmamos la doctrina de la Iglesia sobre la importancia de la iniciativa y la libertad económica, y el derecho a la propiedad privada, mediante los cuales tenemos las herramientas y recursos para ir tras el bien común.

Los esfuerzos para satisfacer las necesidades económicas básicas de los niños y las familias pobres deben realzar sus vidas y proteger su dignidad. La vara para medir la reforma del bienestar social debe ser la reducción de la pobreza y de la dependencia, no la restricción de los programas y recursos. Buscamos enfoques que promuevan una mayor responsabilidad y que ofrezcan medidas concretas para ayudar a las familias a dejar atrás la pobreza. La reforma del bienestar social se ha concentrado en proveer trabajo y capacitación, principalmente para empleos de bajos salarios. Se necesitan otras formas de apoyo, incluyendo créditos fiscales, cuidado médico, cuidado de los niños y vivienda asequible y segura. Puesto que creemos que las familias necesitan ayuda para criar a sus hijos, apoyamos el aumento de los créditos fiscales por hijos y que éstos sean totalmente reembolsables. Estos créditos permiten que las familias de medios modestos con niños retengan más de lo que ganan y los ayuden a salir de la pobreza.

Damos la apertura a las iniciativas para reconocer y apoyar el trabajo de agrupaciones basadas en la fe, no como sustitutos sino como aliados de los esfuerzos gubernamentales. Las comunidades y organizaciones de fe con frecuencia están más presentes, dan una mayor respuesta y son más eficaces en las comunidades y países más pobres. Nos oponemos a los esfuerzos que socaven la identidad, integridad y libertad de la instituciones basadas en la fe que sirven a los necesitados. Nos resistimos vigorosamente a que se abandonen los esfuerzos que protegen los derechos civiles existentes para que los grupos religiosos preserven su identidad, mientras sirven a los pobres y promueven el bien común.

Nos preocupa, igualmente, la seguridad de los ingresos de los trabajadores de salarios medios y bajos, y de sus familias, cuando se jubilan, quedan inválidos o mueren. En muchos casos, las mujeres sufren particulares desventajas. Toda propuesta para modificar el Social Security [Seguro Social] debe proveer un ingreso fiable para estos trabajadores y los que dependen de ellos.

El cuidado médico asequible y disponible es una salvaguarda esencial para la vida humana, un derecho humano fundamental y una urgente prioridad nacional. Necesitamos reformar el sistema de servicios de salud de la nación y dicha reforma debe estar enraizada en valores que respeten

la dignidad humana, que protejan la vida humana y que satisfagan las necesidades de los pobres y los que no tienen seguro. Ante decenas de millones de estadounidenses sin seguro médico básico, apoyamos las medidas para garantizar que exista un cuidado médico decente y accesible para todos como un imperativo moral. También apoyamos medidas para fortalecer Medicare y Medicaid, y para extender la cobertura del cuidado médico a los niños, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores, a los inmigrantes y a otros sectores vulnerables de la población. Apoyamos las políticas que provean un cuidado eficaz y compasivo, y que reflejen nuestros valores morales, para aquellos que sufren de VIH/SIDA y para aquellos que sufren de adicciones.

La carencia de vivienda segura y asequible es una crisis nacional. Apoyamos un nuevo compromiso con el lema nacional de “vivienda segura y asequible” para todos, y con políticas eficaces que aumenten el suministro de vivienda de calidad y protejan, mantengan y mejoren la vivienda existente. Promovemos las alianzas públicas/privadas, especialmente aquellas que involucran a comunidades religiosas. Continuamos oponiéndonos a la discriminación injusta en la vivienda y apoyamos medidas para asegurar que las instituciones financieras cubran las necesidades de crédito de las comunidades locales.

La principal prioridad para una política agrícola debería ser la seguridad de alimentos para todos. Los alimentos son necesarios para la vida misma. Nuestro apoyo a las Estampillas para Alimentos, al Programa Especial de Nutrición para Mujeres y Niños (WIC, siglas en inglés) y a otros programas que benefician directamente a la gente de bajos recursos se basa en nuestra creencia de que nadie debería enfrentar el hambre en una tierra de abundancia. Los que cultivan nuestros alimentos deberían poder sustentarse decentemente y preservar su estilo de vida. Los agricultores que dependen de la tierra para mantenerse merecen ingresos decentes por su trabajo. Las comunidades rurales merecen ayuda, de manera tal que puedan continuar siendo fuentes de energía y apoyo para un estilo de vida que enriquece nuestra nación. Nuestra preocupación prioritaria por los pobres nos llama a defender especialmente las necesidades de los trabajadores agrícolas, cuya paga es generalmente inadecuada, cuyas condiciones de vivienda son a menudo deplorables y quienes son particularmente vulnerables a la explotación. Urgimos a que las políticas públicas apoyen una agricultura sostenible y una cuidadosa responsabilidad por la Tierra y por sus recursos naturales.

El mandato del Evangelio de amar a nuestro prójimo y acoger al forastero lleva a la Iglesia a cuidar y apoyar a los inmigrantes, tanto los documentados como los indocumentados. Mientras afirmamos el derecho y la responsabilidad de las naciones soberanas de controlar sus fronteras y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, especialmente después del 11 de septiembre, buscamos protecciones básicas para los inmigrantes, incluyendo el derecho al proceso legal, el acceso a beneficios públicos básicos, y oportunidades justas de naturalización y legalización. Nos oponemos a las iniciativas que detienen la inmigración que no dirigen eficazmente sus causas fundamentales y permiten la continuidad de las desigualdades políticas, sociales y económicas que contribuyen a ella. Creemos que nuestra nación debe seguir siendo un lugar de refugio para los que escapan de la persecución y sufren la explotación —para los refugiados, los que buscan asilo y las víctimas del tráfico de seres humanos.

Todas las personas, por virtud de su dignidad como personas humanas, tienen el derecho inalienable de recibir una educación de calidad. Debemos asegurar que los jóvenes de nuestra nación —especialmente los pobres, los que sufren discapacidades y los más vulnerables— reciban preparación apropiada para convertirse en buenos ciudadanos, para vivir vidas productivas, y para ser social y moralmente responsables en el mundo complejo y tecnológicamente desafiante del siglo veintiuno. Eso requiere que todas las instituciones educativas presenten un entorno ordenado, justo, respetuoso y no violento, donde los recursos profesionales y materiales adecuados sean accesibles. Apoyamos las iniciativas necesarias que proveen fondos adecuados para educar a todas las personas, independientemente de la escuela a la que asistan —pública, privada o religiosa— o de su condición personal.

También apoyamos salarios y prestaciones que reflejen los principios de la justicia económica para todos los maestros y administradores, así como también la asignación de los recursos necesarios para que los maestros estén preparados académica y personalmente para las tareas críticas que enfrentan. Como una cuestión de justicia, creemos que cuando existen servicios dirigidos a mejorar el entorno educativo —especialmente para los que están en situación de riesgo— a disposición de estudiantes y maestros de las escuelas públicas, esos servicios también deberían estar a disposición de estudiantes y maestros de las escuelas privadas y religiosas.

Nuestras escuelas y nuestra sociedad en general deben encarar la creciente “cultura de la violencia”. Debemos promover un mayor sentido de responsabilidad moral, defender la disminución de la violencia en los medios, apoyar las medidas de seguridad para las armas de fuego y restricciones razonables para el acceso a las armas de agresión y de corto alcance, y oponernos al uso de la pena de muerte. También creemos que la ética católica de responsa-bilidad, rehabilitación y restitución puede convertirse en el fundamento para la importante reforma de nuestro imperfecto sistema de justicia penal.

Nuestra sociedad también debe continuar combatiendo la discriminación basada en el sexo, la raza, el grupo étnico, las discapacidades o la edad. La discriminación constituye una grave injusticia y una afrenta a la dignidad humana. Debe ser resistida enérgicamente. En las áreas donde aún persisten los efectos de la discriminación del pasado persisten, la sociedad tiene la obligación de adoptar medidas positivas para superar el legado de injusticia. Apoyamos los programas de affirmative action [acción afirmativa] administrados juiciosamente como herramientas para superar la discrim-inación y sus continuos efectos.

Como ha dicho el Papa Juan Pablo II, el cuidado de la Tierra y del medio ambiente es un “asunto moral”.32 Apoyamos las políticas que protegen la tierra, el agua y el aire que compartimos. Se requieren iniciativas razonables y eficaces para la conservación de la energía y el desarrollo de recursos alternativos, renovables y de energía limpia. Alentamos a los ciudadanos y a los funcionarios públicos a encarar seriamente el cambio climático global, concentrándonos en la prudencia, el bien común y la opción por los pobres, particularmente en su impacto sobre las naciones en desarrollo. Estados Unidos debería guiar a las naciones desarrolladas para contribuir al desarrollo sostenible de las naciones más pobres, y para una distribución más justa de la responsabilidad del descuido y de la recuperación del medio ambiente.

Practicar la solidaridad global

El 11 de septiembre nos ha dado un nuevo sentido de vulnerabilidad. Sin embargo, debemos tener cuidado de no definir nuestra seguridad primordialmente en términos militares. Nuestra nación debe unirse a otras para encarar políticas y problemas que proveen un campo fértil para que el terrorismo prospere. No hay injusticia que legitime el horror que hemos experimentado. Pero un mundo más justo será un mundo más pacífico.

En un mundo en que la quinta parte de la población vive con menos de un dólar diario, en que alrededor de veinte países están involucrados en un conflicto armado, y donde la pobreza, la corrupción y los regímenes represivos provocan incalculable sufrimiento a millones de personas, simplemente no podemos permanecer indiferentes. Por ser una nación rica y poderosa, Estados Unidos tiene la capacidad y la responsabilidad de encarar este escándalo de pobreza y subdesarrollo.

Por ser una fuerza primordial de la globalización, tenemos la responsabilidad de humanizar la globalización, y de distribuir sus beneficios a todos, especialmente a los más pobres del mundo, a la vez que encaramos sus consecuencias negativas. Siendo la única superpotencia del mundo, Estados Unidos también tiene una oportunidad sin precedentes de trabajar en alianza con otros para construir un sistema de seguridad cooperativa, que conduzca a un mundo más unido y más justo.

• Estados Unidos debe adoptar un papel de liderazgo para ayudar a mitigar la pobreza global mediante un programa de desarrollo amplio, que incluya el aumento sustancial de la ayuda externa para los países más pobres, políticas comerciales más equitativas y esfuerzos continuos para aliviar las aplastantes cargas de la deuda y la enfermedad.

• Esfuerzos más unidos para asegurar la promoción de la libertad de culto y otros derechos humanos básicos deberán ser esenciales en la política exterior estadounidense.

• Es un imperativo moral que Estados Unidos trabaje para revertir la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, y para reducir su propia dependencia de las armas de destrucción masiva buscando un desarme nuclear progresivo. También deberá reducir su propio papel predominante en el tráfico de armas convencionales.

• Estados Unidos debe proveer un apoyo político y financiero más coherente a programas apropiados de las Naciones Unidas, a otros organismos inter-nacionales y al derecho internacional, para que estas instituciones sean agentes más eficaces, responsables y sensibles al encarar los problemas globales.

• Se les debe brindar asilo a todos los refugiados que lleven consigo un temor profundo por la persecución en sus países de origen. Nuestro país debería apoyar la protección de las personas que huyen de la persecución mediante abrigo seguro en otros países, incluyendo Estados Unidos, especialmente para niños no acompañados, mujeres solteras, mujeres que son cabeza de familia y minorías religiosas.

• Estados Unidos debe adoptar una política de inmigración y de refugiados más generosa, que se base en proporcionar refugio temporal o permanente para los que lo necesiten; en proteger de la explotación a los trabajadores migrantes; en promover la reunificación familiar; en salvaguardar el derecho de todas las personas a volver a su patria; en asegurar que los beneficios públicos, y un proceso justo y eficiente para obtener la ciudadanía, sean accesibles para los inmigrantes; en extender a los inmigrantes la plena protección de la ley estadounidense; en ofrecer un programa generoso de legalización para los inmigrantes indocumentados, y en encarar las causas fundamentales de la migración.

• Nuestro país debería ser líder —en colaboración con la comunidad internacional— en encarar los conflictos regionales en el Medio Oriente, los Balcanes, el Congo, Sudán, Colombia y África Occidental. El liderazgo en el conflicto palestino-israelí es una prioridad de carácter urgente. Estados Unidos debería buscar negociaciones amplias, que conduzcan a una resolución justa y pacífica de este conflicto, que respeten los reclamos legítimos y las aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos, garantizando la seguridad para Israel, un estado viable para los palestinos y paz en la región. Estados Unidos, trabajando con la comunidad internacional, también debe adoptar el compromiso sostenido necesario para ayudar a proveer estabilidad, democracia, libertad y prosperidad a Irak

y Afganistán.

Construir la paz, combatir la pobreza y la desesperación, y proteger la libertad y los derechos humanos no sólo son imperativos morales; son sabias prioridades nacionales. Dado su enorme poder e influencia en los asuntos mundiales, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad de ser una fuerza para la justicia y la paz más allá de sus fronteras. “Libertad y justicia para todos” no es sólo una profunda promesa nacional; es un objetivo valioso para cualquier líder mundial.

Conclusión

Esperamos que estas reflexiones contribuyan a una vitalidad política renovada en nuestra tierra. Urgimos a todos los católicos a que se registren, voten y participen más en la vida pública, para proteger la vida y su dignidad humana, y para promover el bien común.

Las elecciones del 2004 y las opciones políticas que enfrentamos en el futuro presentan desafíos significativos para nuestra Iglesia. Como institución, esta-mos llamados a ser políticos pero no partidistas. La Iglesia no puede ser capellán de ningún partido específico ni apoyar a ningún candidato. Nuestra causa es la protección de los débiles y vulnerables, y la defensa de la vida y su dignidad humana, no un candidato o partido en particular.

La Iglesia está llamada a tener principios pero no a ser ideológica. No pode-mos comprometer nuestra doctrina ni nuestros valores básicos, pero debe-mos estar abiertos a distintas formas de promoverlos.

Se nos llama a ser claros, pero también corteses. Una Iglesia que defiende la justicia y la caridad debe practicar estas virtudes en la vida pública. Debemos ser claros con respecto a nuestros principios y prioridades, sin poner en duda los motivos de otros y sin insultar.

La Iglesia está llamada a participar pero no a ser usada. Damos la bienvenida al diálogo con candidatos y líderes políticos, buscando captar y persuadir a los funcionarios públicos. Pero no debemos permitir que los eventos y las oportunidades “para estar frente a las cámaras” sustituyan la labor concreta de iniciativas de ley que reflejen nuestros valores.

El llamado a una responsabilidad cívica basada en la fe genera una pregunta fundamental para todos nosotros. ¿Qué significa ser un católico que vive en Estados Unidos en el año 2004 y en los años posteriores? Como católicos, las elecciones y las opciones políticas relacionadas con ellas nos llaman a realizar un nuevo compromiso para llevar los valores del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia al terreno público. Como ciudadanos y residentes de Estados Unidos, tenemos el deber de participar ahora y en el futuro en los debates y opciones sobre los valores, la visión y los dirigentes que guiarán nuestra nación.

Este doble llamado de fe y ciudadanía es la esencia de lo que significa ser un católico en Estados Unidos. La ciudadanía comprometida nos llama a buscar “un lugar en la mesa” de la vida para todos los hijos de Dios en las elecciones del 2004 y más adelante.

Principales declaraciones católicas sobre la vida pública y los asuntos morales

Los siguientes documentos de la United States Conference of Catholic Bishops exploran en gran detalle los asuntos relacionados con las políticas públicas analizados en Ciudadanos comprometidos. Para obtener copias, sírvase llamar al 800-235-8722 o visitar www.usccb.org.

Proteger la vida humana

A Matter of the Heart: A Statement on the Thirtieth Anniversary of Roe v. Wade, 2002

Statement on Iraq, 2002

A Pastoral Message: Living with Faith and Hope After September 11, 2001

Llamado del viernes santo para abolir la pena de muerte, 1999

Vivir el evangelio de la vida, 1999

Welcome and Justice for Persons with Disabilities, 1999

Fidelidad por toda la vida, 1995

Confrontando a la cultura de la violencia, 1995

Sowing the Weapons of War, 1995

The Harvest of Justice Is Sown in Peace, 1993

Nutrition and Hydration: Moral and Pastoral Reflections, 1992

NCCB Administrative Committee Statement on Euthanasia, 1991

Pastoral Statement of U.S. Catholic Bishops on Persons with Disabilities, 1989, 1984

Resolution on Abortion, 1989

Plan pastoral para actividades pro-vida, 1985

A Report on the Challenge of Peace and Policy Developments 1983-1988, 1989

The Challenge of Peace: God’s Promise and Our Response, 1983

U.S. Bishops’ Statement on Capital Punishment, 1980

Community and Crime, 1978

Documentation on the Right to Life and Abortion, 1974, 1976, 1981

Promover la vida familiar

Cuando pido ayuda, 2002

A Family Guide to Using the Media, 1999

A Family Perspective in Church and Society, 1998

Compartiendo la enseñanza social católica: Desafíos y rumbos, 1998

Renovar la mentalidad de los medios de comunicación, 1998

Siempre serán nuestros hijos, 1997

Statement on Same-Sex Marriage, 1996

Caminen en la luz, 1995

Principles for Educational Reform in the United States, 1995

Sigan el camino del amor, 1993

Putting Children and Families First, 1992

In Support of Catholic Elementary and Secondary Schools, 1990

Value and Virtue: Moral Education in the Public School; 1988

Sharing the Light of Faith; National Catechetical Directory, 1979

To Teach As Jesus Did, 1972

Statements and testimony by the USCC Department of Communications before Congress and the Federal Communications Commission

Ir en busca de la justicia social

Un lugar en la mesa: Renovación del compromiso católico de superar la pobreza y respetar la dignidad de todos los hijos de Dios, 2002

Cambio climático global, 2001

Responsabilidad, rehabilitación y restitución: La perspectiva católica de la delincuencia y justicia penal, 2000

A Commitment to All Generations: Social Security and the Common Good, 1999

Caridad en todas las cosas, 1999

Confrontando a la cultura de la violencia, 1995

Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, 1995

Moral Principles and Policy Priorities for Welfare Reform, 1995

Una familia en Dios, 1995

A Framework for Comprehensive Health Care Reform, 1993

The Harvest of Justice Is Sown in Peace, 1993

Putting Children and Families First, 1992

Renewing the Earth, 1992

New Slavery, New Freedom: A Pastoral Message on Substance Abuse, 1990

Brothers and Sisters to Us, 1989

Food Policy in a Hungry World, 1989

Called to Compassion and Responsibility: A Response to the HIV/AIDS Crisis, 1989

Homelessness and Housing, 1988

Justicia económica para todos, 1986

Practicar la solidaridad global

A Call to Solidarity with Africa, 2001

Un llamado jubilar para cancelar las deudas, 1999

Llamados a la solidaridad mundial, 1998

Sowing the Weapons of War, 1995

Una familia en Dios, 1995

Statements on South Africa, 1993, 1994

The Harvest of Justice Is Sown in Peace, 1993

War in the Balkans: Moral Challenges, Policy Choices, 1993

Refugees: A Challenge to Solidarity, 1992

The New Moment in Eastern and Central Europe, marzo 1990

Toward Peace in the Middle East, 1989

Relieving Third World Debt, 1989

USCC Statement on Central America, 1987

Notas

1 Desde 1976, la United States Conference of Catholic Bishops ha producido una reflexión sobre los “ciudadanos comprometidos” en vísperas de cada elección presidencial. Esta declaración continúa esa tradición. Es un resumen de la doctrina católica sobre la vida pública y sobre cuestiones morales clave. Estas reflexiones se basan en declaraciones anteriores sobre la responsabilidad política e integran temas de una reciente declaración sobre los católicos en la vida pública de la Congregación para la Doctrina de la Fe, así como también temas de diversas declaraciones recientes de los obispos, incluyendo Vivir el Evangelio de la vida y Un lugar en la mesa. Para brindar información adicional sobre la doctrina católica sobre estos asuntos, al final de estas reflexiones se presenta una lista de las principales declaraciones católicas sobre la vida pública y las cuestiones morales.

2 Véase Un lugar en la mesa: Renovación del compromiso católico de superar la pobreza y respetar la dignidad de todos los hijos de Dios, de la United States Conference of Catholic Bishops (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2002).

3 Jn 13:34-35.

4 Mt 25:40-45.

5 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24 de noviembre de 2002), no. 1.

6 United States Conference of Catholic Bishops, Vivir el Evangelio de la vida: Reto a los católicos de Estados Unidos (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 1999), no. 34.

7 Dt 30:19-20, Mt 25:40-45, Mt 5:3-12.

8 La comunidad católica está presente prácticamente en todas partes de la nación, incluyendo casi 20.000 parroquias, 8.600 escuelas, 237 universidades, 1.062 hospitales y centros de salud y 3.044 entidades de servicios sociales. La comunidad católica es la mayor proveedora no gubernamental de educación, asistencia médica y servicios humanos de Estados Unidos.

9 Mt 13:33, Mt 5:13-16.

10 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24 de noviembre de 2002), no. 6.

11 United States Conference of Catholic Bishops, Vivir el Evangelio de la vida, no. 34.

12 Véase Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, no. 4.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 Se pueden obtener recursos diseñados para ayudar a las parroquias y diócesis a compartir el mensaje de una ciudadanía fiel y para desarrollar programas de registro no partidista de electores, de educación y de incidencia, en la United States Conference of Catholic Bishops. Para mayor información, sírvase llamar al 800-235-8722 o visitar www.usccb.org/faithfulcitizenship.

16 La enseñanza social católica tiene una larga tradición enraizada en las Escrituras y en las experiencias vividas por el pueblo de Dios. Ha sido desarrollada en los escritos de los líderes de la Iglesia desde épocas antiguas, y más recientemente ha sido expresada en una tradición de documentos papales, conciliares y episcopales modernos. Para una discusión más detallada de los temas identificados aquí y de sus raíces, se puede consultar Catecismo de la Iglesia Católica (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2000), Compartiendo la enseñanza social católica: Desafíos y rumbos (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 1998), el sitio Web de la USCCB (www.usccb.org/publishing), y el sitio Web del Vaticano (www.vatican.va).

17 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24 de noviembre de 2002), no. 3.

18 Ex 22:20-26.

19 Is 1:21-23; Jer 5:28.

20 Mt 25:40-45.

21 Lc 4:18-19.

22 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte (6 de enero de 2001), no. 49.

23 Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, no. 38

24 Pablo VI, Jornadas por la Paz (1 de enero de 1972).

25 Mt 5:9.

26 Juan Pablo II, Angelus (23 de febrero de 2003), no. 1.

27 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24 de noviembre de 2002), no. 2.

28 Ibid., no. 3.

29 United States Conference of Catholic Bishops, Vivir el Evangelio de la vida, no. 5.

30 Ibid., no. 21.

31 Juan Pablo II, Homilía en St. Louis (27 de enero de 1999).

32 Juan Pablo II, La crisis ecológica: Una responsabilidad común (1 de enero de 1990), no. 15.