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Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles - Segunda parte - Aplicando la doctrina católica a las principales cuestiones: Resumen de las posturas políticas adoptadas por la USCCB

 
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63. La política es una noble misión dirigida a promover el bien común. Como tal, tiene que ver con la ética y los principios, así como con cuestiones, candidatos y con quienes ejercen cargos públicos. Participar en la "política", entonces, es más que intervenir en polémicas y debates en curso; tiene que ver con actuar con otros y a través de las instituciones para el beneficio de todos. El hecho de que gran parte de nuestra retórica política se ha vuelto muy negativa y que la polarización política parece haber aumentado no debe disuadirnos del gran llamado que tenemos de trabajar por un mundo que permita a todos prosperar, un mundo en el que todas las personas, todas las familias, tengan lo que necesitan para cumplir su destino dado por Dios. En nuestra democracia, un aspecto de esta tarea para todos nosotros requiere que ponderemos las cuestiones y políticas relacionadas. En este breve resumen, nosotros, los obispos, llamamos la atención sobre cuestiones con importantes dimensiones morales que deberían ser objeto de consideración en cada campaña electoral y cuando se tomen decisiones políticas en los años venideros. Como indican las descripciones que siguen a continuación, algunas cuestiones tratan de principios que nunca pueden ser abandonados, como el derecho fundamental a la vida y al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Otras reflejan nuestro juicio acerca de la mejor manera de aplicar los principios católicos a cuestiones políticas. Ningún resumen podría reflejar plenamente la profunda riqueza y detalles de las posiciones tomadas a lo largo del trabajo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). Mientras que las personas de buena voluntad a veces eligen maneras diferentes de aplicar algunos de nuestros principios y obrar según ellos, los católicos no pueden ignorar sus ineludibles retos morales o simplemente descartar la orientación o directrices políticas de la Iglesia que surgen de estos principios. Para una información más completa de estas directrices políticas y sus fundamentos morales, véanse las declaraciones enumeradas al final de este documento.

La vida humana

64. Nuestra declaración Vivir el Evangelio de la Vida, de 1988, declara que: "El aborto y la eutanasia se han convertido en amenazas preeminentes a la dignidad humana porque atacan directamente a la vida misma, el más fundamental de los bienes humanos y la condición para todos los demás" (no. 5). El aborto provocado, el asesinato deliberado de un ser humano antes de su nacimiento, nunca es moralmente aceptable y siempre debe ser rechazado. La clonación y la destrucción de embriones humanos para la investigación científica o incluso para curas potenciales están siempre mal. Quitar deliberadamente la vida humana mediante el suicidio asistido y la eutanasia no es una obra de misericordia, sino un asalto injustificado a la vida humana. El genocidio, la tortura y el ataque directo e intencionado a los no combatientes en una guerra o ataque terrorista siempre están mal.

65. Las leyes que legitiman cualquiera de estas prácticas son profundamente injustas e inmorales. Nuestra Conferencia apoya las leyes y políticas que protegen la vida humana en el mayor grado posible, incluida la protección constitucional de los no nacidos y los intentos legislativos de terminar con el aborto provocado, el suicidio asistido y la eutanasia. También promovemos una cultura de la vida al apoyar leyes y programas que promueven el nacimiento de niños y la adopción en lugar del aborto provocado, y al buscar soluciones a la pobreza, brindar cuidado médico y ofrecer otros tipos de ayuda a las mujeres embarazadas, a los niños y a las familias.

66. La USCCB llama a una mayor asistencia para los enfermos y moribundos, mediante un sistema de salud disponible para todos y cuidados paliativos y terminales eficaces y compasivos. El final de la vida es un momento sagrado, un momento que señala una preparación para la vida con Dios, y debe ser tratado con respeto y acompañamiento. El final de la vida es tan sagrado como el comienzo de la vida, y requiere un tratamiento que honre la verdadera dignidad de la persona humana en tanto creada a imagen del Dios vivo. Reconocemos que tratar esta situación compleja de manera efectiva requerirá los esfuerzos colaboradores de los sectores públicos y privados y de los varios partidos políticos. Las políticas y decisiones respecto a la biotecnología y la experimentación humana deberían respetar la dignidad inherente de la vida humana desde su comienzo, sean cuales fuesen las circunstancias de su origen. El respeto a la vida y dignidad humanas también es la base de los esfuerzos fundamentales para tratar y erradicar el hambre, las enfermedades, la pobreza y la violencia que se llevan la vida de tantas personas inocentes.

67. La sociedad tiene el deber de defender la vida de la violencia y ayudar a las víctimas de crímenes. La Iglesia Católica ha aceptado la pena de muerte en el pasado por delitos especialmente atroces cuando había una continua amenaza grave para la sociedad y no se disponía de alternativas. Sin embargo, continuar con la dependencia de nuestra nación en la pena de muerte no puede ser justificada. Ya que tenemos otros medios de proteger a la sociedad que son más respetuosos de la vida humana, la USCCB apoya los esfuerzos por poner fin al uso de la pena de muerte y, mientras tanto, contener su utilización mediante un uso más amplio de la evidencia que aporta el ADN, el acceso a abogados efectivos y esfuerzos por solucionar la falta de equidad y justicia relacionadas a la aplicación de la pena de muerte.

La promoción de la paz

68. Los católicos también se deben esforzar en evitar la guerra y promover la paz. Esto es de particular importancia, ya que existe en la actualidad el peligro de volverse indiferente a la guerra debido al número de conflictos armados. La guerra nunca es un reflejo de lo que debería ser, sino una señal de que algo más fiel a la dignidad humana ha fallado. La tradición católica reconoce la legitimidad de la enseñanza sobre la guerra justa cuando se defiende a los inocentes ante un grave mal, pero nunca debemos perder de vista el costo de la guerra y los daños que inflige a la vida humana. Las naciones deben proteger la dignidad de la persona humana y el derecho a la vida buscando maneras más eficaces de prevenir conflictos, de resolverlos mediante medios pacíficos y de promover la reconstrucción y reconciliación tras la estela de los conflictos. Las naciones tienen el derecho y la obligación de defender la vida humana y el bien común contra el terrorismo, la agresión y amenazas similares, como la persecución de personas por su religión, entre ellas los cristianos. En palabras del papa Francisco, se está asesinando a gente "por el solo motivo de ser cristianos" (Homilía del 17 de febrero de 2015), y hay "más mártires en la Iglesia que en los primeros siglos" (Homilía del 30 de junio de 2014). "[La sangre de nuestros hermanos y hermanas cristianos] es un testimonio que grita para hacerse escuchar por todos los que saben todavía distinguir entre el bien y el mal . . . un grito que debe ser escuchado, sobre todo, por aquellos que tienen en sus manos el destino de los pueblos" (Mensaje del papa Francisco al patriarca Abuna Matthias de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, 20 de abril de 2015). En efecto, el derecho de las naciones a defender la vida humana y el bien común requiere respuestas eficaces contra el terror, valoraciones morales de los métodos usados y moderación en su uso, respeto de los límites éticos en el uso de la fuerza, un enfoque en las raíces del terror y una distribución justa del peso que conlleva responder al terror. El uso de la tortura debe ser rechazado como fundamentalmente incompatible con la dignidad de la persona humana y en última instancia como contraproducente en la lucha contra el terrorismo. La Iglesia ha planteado preocupaciones morales fundamentales concernientes al uso preventivo de la fuerza militar.7 Nuestra Iglesia honra el compromiso y sacrificio de quienes sirven en las fuerzas armadas de nuestra nación, y también reconoce el derecho moral a la objeción de conciencia a la guerra en general, una guerra en particular o un procedimiento militar.

69. Incluso cuando la fuerza militar puede ser justificada como último recurso, esta no debería ser indiscriminada o desproporcionada. Los ataques directos e intencionados contra los no combatientes en una guerra y actos terroristas nunca son moralmente aceptables. El uso de armas de destrucción masiva y otras tácticas de guerra que no distinguen entre civiles y soldados es fundamentalmente inmoral. Los Estados Unidos tienen la responsabilidad de trabajar para revocar la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y de reducir su propia dependencia de armas de destrucción masiva mediante la búsqueda del desarme nuclear progresivo. También deben poner fin al uso de minas antipersonal y reducir su papel predominante en el comercio global de armas. El uso de la fuerza militar nos enfrenta a decisiones morales urgentes. Apoyamos el uso proporcionado y discriminado de la fuerza militar para proteger a los civiles de tal manera que reconozca la continua amenaza del extremismo fanático y el terror global, que minimice la pérdida de vidas humanas y responda a las crisis humanitarias y de refugiados en las regiones devastadas por la guerra, así como la necesidad de proteger los derechos humanos, especialmente la libertad religiosa.

Aunque reconocemos el uso justificado de la fuerza militar, exhortamos a la reasignación de recursos de los conflictos armados a las necesidades urgentes de los pobres y las causas profundas de la violencia. Además, apoyamos las políticas y acciones que protejan a los refugiados de la guerra y la violencia, en nuestro país y en el extranjero, y a todas las personas que sufren persecución religiosa en todo el mundo, muchos de los cuales son nuestros hermanos cristianos.

El matrimonio y la vida familiar

70. La familia fundada en el matrimonio es la célula básica de la sociedad humana. La función, las responsabilidades y las necesidades de las familias deberían ser prioridades nacionales centrales. El matrimonio debería ser definido, reconocido y protegido como un compromiso exclusivo para toda la vida entre un hombre y una mujer, como la fuente de la próxima generación y el refugio protector de los niños.8 La institución del matrimonio se ve socavada por la ideología del "género", que rechaza la diferencia sexual y la complementariedad de los sexos y presenta falsamente al "género" como nada más que una construcción social o realidad psicológica, que una persona puede elegir en desacuerdo con su realidad biológica (véase Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 224). Como ha enseñado el papa Francisco, "La remoción de la diferencia [sexual], en efecto, es el problema, no la solución" (Audiencia general, 15 de abril de 2015). "Por eso la Iglesia reafirma su . . . no a filosofías como la del gender [que] se motiva en que la reciprocidad entre lo masculino y lo femenino es expresión de la belleza de la naturaleza querida por el Creador" (Benedicto XVI, Discurso al Consejo Pontificio Cor Unum, 19 de enero de 2013). Esta afirmación de ninguna manera compromete la oposición de la Iglesia a la discriminación injusta contra los que experimentan "tendencias homosexuales profundamente arraigadas", que "deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza" (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2358).

Las políticas de impuestos, trabajo, divorcio, inmigración y bienestar deberían hacer valer el significado y el valor, dados por Dios, del matrimonio y la familia, ayudar a las familias a permanecer unidas y recompensar la responsabilidad y el sacrificio que se hacen a favor de los hijos. Los salarios deberían permitir a los trabajadores mantener a sus familias, y debería haber ayuda pública disponible para ayudar a las familias pobres a vivir con dignidad. Tal ayuda debería ser proporcionada de manera que promueva la consiguiente autonomía económica.

71. Los niños, en particular, deben ser valorados, protegidos y apoyados. Como Iglesia, afirmamos nuestro compromiso de proteger y cuidar del bienestar de los niños en nuestras propias instituciones y en toda la sociedad. El papa Francisco ha subrayado, "Los niños tienen el derecho de crecer en una familia, con un papá y una mamá, capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su maduración afectiva" (Discurso sobre la complementariedad del hombre y la mujer, 17 de noviembre de 2014). Los niños que pueden ser colocados en hogares de guarda o con padres adoptivos tienen derecho a ser colocados en hogares con un hombre y una mujer casados, o si no es posible, en entornos que no contradigan el auténtico significado del matrimonio. Los proveedores de servicios de bienestar infantil, en consonancia con sus creencias religiosas, tienen derecho a colocar niños en este tipo de hogares en lugar de en otros entornos. Nos oponemos a la obligatoriedad de los anticonceptivos y el aborto en los programas públicos y planes de salud, los cuales ponen en peligro los derechos de conciencia y pueden interferir con el derecho de los padres a guiar la formación moral de sus hijos.

La libertad religiosa

72. La política de los Estados Unidos debe promover la libertad religiosa con vigor, tanto en nuestro país como en el extranjero: nuestra primera y más preciada libertad tiene sus raíces en la dignidad misma de la persona humana, un derecho humano fundamental que no conoce de fronteras geográficas. En todos los contextos, sus contornos básicos son los mismos: es el "estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos" (Dignitatis Humanae, no. 2). En los Estados Unidos, la libertad religiosa en general goza de una fuerte protección en nuestra legislación y cultura, pero esas protecciones están ahora en duda. Por ejemplo, la exención de impuestos a la Iglesia, establecida hace tiempo, ha sido puesta explícitamente en cuestión en los más altos niveles de gobierno, precisamente por sus enseñanzas sobre el matrimonio. Los católicos tienen el deber particular de asegurarse de que protecciones como estas no se debiliten sino que se hagan más fuertes. Esto no es sólo para asegurar la justa libertad de la Iglesia y de los fieles en nuestro país, sino también para ofrecer esperanza y un testimonio alentador a los que sufren persecución religiosa directa e incluso violenta en los países donde la protección es mucho
más débil.

La opción preferencial por los pobres y la justicia económica

73. Las decisiones e instituciones económicas deberían ser evaluadas según hayan protegido o devaluado la dignidad de cada persona humana. Las políticas sociales y económicas deberían promover la creación de puestos de trabajo para todos aquellos que puedan trabajar, con condiciones laborales decentes y salarios justos. Las barreras que no permiten salarios y puestos de trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y para quienes sufren discriminación injusta deben ser erradicadas. La doctrina social católica apoya el derecho de los trabajadores a elegir si quieren o no organizarse, pertenecer a un sindicato, negociar colectivamente y hacer uso de estos derechos sin ser objeto de represalias. También afirma la libertad económica, la iniciativa y el derecho a la propiedad privada. Los trabajadores, dueños, empleadores y sindicatos tienen la correspondiente responsabilidad de trabajar juntos para crear puestos de trabajo decentes, construir una economía más justa y promover el bien común. También observamos con creciente preocupación el aumento de "excesivas desigualdades económicas y sociales", como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, y la contracción de la clase media.

74. Apoyamos una legislación que proteja a los consumidores de las tasas de interés excesivas y explotadoras cobradas por muchos prestamistas de día de pago. "Si en la actividad económica y financiera la búsqueda de un justo beneficio es aceptable, el recurso a la usura está moralmente condenado" (Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 341).

75. Las políticas de bienestar social deberían reducir la pobreza y la dependencia, fortalecer la vida familiar y ayudar a las familias a salir de la pobreza mediante puestos de trabajo, preparación laboral y ayuda con el cuidado infantil, el cuidado médico, la vivienda y el transporte. Dado el vínculo entre la estabilidad familiar y el éxito económico, las políticas de bienestar social deben abordar los factores tanto económicos como culturales que contribuyen a la desintegración de las familias. También deberían ofrecer un sistema de seguridad para quienes no pueden trabajar. Mejorar el crédito tributario por ingreso del trabajo y los créditos tributarios por hijos, disponibles en forma de reembolsos a las familias con mayores necesidades, ayudará a las familias de ingresos bajos a salir de la pobreza.

76. Los grupos de fe merecen ser reconocidos y apoyados, no como substitutos del gobierno, sino como colaboradores que responden eficazmente a los necesitados, especialmente en las comunidades y países más pobres. La USCCB apoya activamente las cláusulas de conciencia y otras protecciones a la libertad religiosa, se opone a cualquier intento de socavar la capacidad de los grupos de fe de preservar su identidad e integridad como colaboradores del gobierno y está comprometida a proteger los derechos civiles establecidos hace tiempo, así como otras protecciones de las que gozan tanto los grupos religiosos como las personas a las que estos sirven. Las instituciones gubernamentales no deberían requerir a las instituciones católicas que abandonen sus convicciones morales o religiosas para poder participar en los programas de salud o servicios sociales gubernamentales.

77. El Seguro Social debería ofrecer ingresos adecuados, continuados y fiables de una manera equitativa a los trabajadores con salarios bajos y medios y a sus familias cuando los trabajadores se jubilen o estén incapacitados, y para los sobrevivientes cuando el trabajador fallezca.

78. La falta de vivienda segura y accesible requiere un compromiso renovado de incrementar la oferta de viviendas de calidad y de preservar, mantener y mejorar las viviendas existentes mediante colaboraciones público-privadas, especialmente con grupos religiosos y organizaciones comunitarias. La USCCB continúa oponiéndose a la discriminación injusta en el área de la vivienda y apoyando medidas para responder a las necesidades de crédito de las comunidades de bajos ingresos y de minorías.

79. Una de las primeras prioridades en la política agrícola debería ser asegurar alimentos para todos. Ya que nadie debería tener que pasar hambre en una tierra de abundancia, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés, o Programa de Cupones de Alimentos), el Programa Especial de Nutrición para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y otros programas de nutrición tienen que ser sólidos y efectivos. Los granjeros y los trabajadores agrícolas que cultivan, cosechan y procesan los alimentos se merecen un salario justo por su trabajo, con condiciones laborales seguras y justas y con una vivienda adecuada. El apoyo a las comunidades rurales sustenta un estilo de vida que enriquece a nuestra nación. El cuidado atento del planeta y sus recursos naturales requiere políticas que apoyen la agricultura sostenible como elementos vitales de una política agrícola.

La atención de la salud

80. La atención médica asequible y accesible es una garantía esencial de la vida humana y un derecho humano fundamental. A pesar del aumento en el número de personas aseguradas, millones de estadounidenses carecen todavía de cobertura de salud. La cobertura de salud sigue siendo una prioridad nacional urgente. El sistema de salud de la nación debe estar fundado en valores que respeten la dignidad humana, protejan la vida humana, respeten el principio de la subsidiaridad y respondan a las necesidades de los pobres y de los no asegurados, especialmente los niños nacidos y los no nacidos, las mujeres embarazadas, los inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Los empleadores, incluidos los grupos religiosos y las empresas familiares, deberían poder ofrecer cuidado médico sin tener que poner a un lado sus convicciones morales o religiosas, y las personas deben poder comprar servicios de atención de salud acordes con su fe. La USCCB apoya medidas que fortalezcan el Medicare y Medicaid. Nuestra Conferencia de obispos católicos defiende el cuidado médico efectivo y misericordioso que refleje los valores morales católicos para los que sufren del VIH/SIDA y quienes son drogadictos.

La migración

81. El mandato evangélico de "acoger al forastero" requiere que los católicos cuidemos y nos pongamos del lado de los recién llegados, autorizados y no autorizados, incluidos niños inmigrantes no acompañados, refugiados y solicitantes de asilo, los innecesariamente detenidos y víctimas de la trata de personas. Es urgentemente necesario realizar una reforma comprensiva para arreglar un sistema migratorio que es defectuoso, la cual debería incluir un programa de legalización amplio y justo con un camino a la ciudadanía; un programa de trabajo con protecciones y salarios justos para los trabajadores; políticas de reunificación familiar; acceso a protecciones legales, que incluyan procedimientos de debido proceso; refugio para quienes huyen de la persecución y la violencia, y políticas dirigidas a solucionar las causas que son el origen de la migración. El derecho y la responsabilidad de las naciones de controlar sus fronteras y mantener la ley deberían ser reconocidos, pero aplicados de manera justa y humana. La detención de inmigrantes debería ser utilizada para proteger la seguridad pública y no con fines de disuasión o castigo; debería ponerse énfasis en las alternativas a la detención, incluidos programas de base comunitaria.

Como ha dicho el papa Francisco, la trata de personas es un "crimen contra la humanidad" (Discurso, 12 de diciembre de 2013, y 10 de abril de 2014) y debe ser erradicada de la tierra. Las víctimas de la trata, muy especialmente los niños, deben recibir cuidado y protección, incluyendo consideración especial para recibir un estatus legal y permanente. Se necesitan más esfuerzos de educación y movilización para hacer frente a las causas profundas de la trata de personas: la pobreza, el conflicto y la descomposición de los procesos judiciales en los países de origen.

La educación católica

82. Los padres —los primeros y más importantes educadores— tienen el derecho fundamental a elegir la educación que mejor responda a las necesidades de sus hijos, incluidas las escuelas públicas, privadas y religiosas. El gobierno, por medios tales como los créditos fiscales y becas de fondos públicos, debería ayudar a proveer recursos para que los padres de familia, especialmente aquellos con medios modestos, ejerzan este derecho fundamental sin ser discriminados. Los estudiantes en todos los contextos educacionales deberían disponer de oportunidades de formación moral y de carácter coherentes con las creencias y las responsabilidades de sus padres.

83. Todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Los jóvenes, incluidos los pobres y discapacitados, necesitan tener la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, espiritual y físicamente, que les permitan convertirse en buenos ciudadanos que tomen decisiones social y moralmente responsables. Esto requiere que los padres de familia tengan diversas opciones en la educación. También requiere que las instituciones educativas ofrezcan un ambiente ordenado, justo, respetuoso y sin violencia donde haya disponibles recursos profesionales y materiales adecuados. La USCCB apoya enérgicamente fondos adecuados, incluidos créditos fiscales, becas y otros medios, para educar a todas las personas independientemente de su condición personal o la escuela a la que asisten, sea esta pública, privada o religiosa. Todos los maestros y administradores se merecen salarios y beneficios que reflejen los principios de una justicia económica, así como acceso a los recursos necesarios para que los maestros se preparen para sus obligaciones tan importantes. Los servicios cuyo objetivo es mejorar la educación —especialmente de quienes están en mayor riesgo— que están disponibles para los estudiantes y maestros de las escuelas públicas también deberían, por cuestión de justicia, estar disponibles para los estudiantes y maestros de las escuelas privadas y religiosas.

Promover la justicia y contrarrestar la violencia

84. Promover la responsabilidad moral y ofrecer respuestas efectivas contra el crimen, reducir la violencia en los medios de comunicación, apoyar restricciones razonables al acceso a armas de asalto y armas cortas y oponerse al uso de la pena de muerte son particularmente importantes a la luz de la creciente "cultura de la violencia". Una ética de responsabilidad, rehabilitación y restauración debería ser el fundamento de una reforma de nuestro defectuoso sistema de justicia penal. Debería desarrollarse un enfoque humano y correctivo para quienes infrinjan la ley, en vez de uno estrictamente punitivo. Este enfoque incluye apoyar esfuerzos para reducir de manera justa la población carcelaria, ayudar a las personas que salen de prisión a reintegrarse en sus comunidades, combatir la reincidencia, promover la reforma de las sentencias justas y fortalecer las relaciones entre la policía y las comunidades a las que sirve.

Combatir la discriminación injusta

85. Es importante para nuestra sociedad que se continúe combatiendo la discriminación injusta, basada en la raza, la religión, el sexo, la etnia, la condición de incapacidad o la edad, ya que estas son injusticias y ataques graves a la dignidad humana. Allí donde los efectos de discriminaciones pasadas aún perduran, la sociedad tiene la obligación de tomar pasos positivos para vencer el legado de la injusticia, incluida la acción vigorosa para destruir las barreras que impiden la educación, proteger los derechos al voto, apoyar las buenas prácticas policiales en nuestras comunidades, y asegurar el trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y las minorías.

El cuidado de nuestra casa común

86. El cuidado de la creación es una cuestión moral. Proteger la tierra, el agua y el aire que compartimos es un deber religioso de corresponsabilidad y refleja nuestra responsabilidad hacia con los niños nacidos y no nacidos, quienes son los más vulnerables en el asalto al medio ambiente. Tenemos que responder a la pregunta que planteó al mundo el papa Francisco: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?" (Laudato Si', no. 160). Hay muchas medidas concretas que podemos tomar para asegurar la justicia y la solidaridad entre las generaciones. Se requieren iniciativas efectivas para conservar energía y desarrollar recursos energéticos alternativos, renovables y limpios. Nuestra Conferencia ofrece un llamado específico a tratar seriamente la cuestión del cambio climático global, enfocándose en la virtud de la prudencia, la búsqueda del bien común y el impacto en los pobres, particularmente en los trabajadores vulnerables y las naciones más pobres. Los Estados Unidos deberían ser líderes, contribuyendo al desarrollo sostenible de las naciones más pobres y promoviendo una mayor justicia compartiendo el peso del deterioro, abandono y recuperación ambiental. Es importante que abordemos la cuestión del creciente número de migrantes que se desarraigan de su tierra natal como consecuencia de la degradación ambiental y el cambio climático. Actualmente ellos no son reconocidos como refugiados en ningún convenio internacional existente y por lo tanto no tienen las protecciones legales de que deberían gozar.

Los esfuerzos de nuestra nación para reducir la pobreza no deben estar asociados a programas de control de la población humillantes y a veces coercitivos. Tal enfoque es condenado por el papa Francisco:

En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de "salud reproductiva". Pero, "si bien es cierto que la desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario" (Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 483). Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Además, sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen, y "el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre" (Catequesis, 5 de junio de 2013). (Laudato Si', no. 50)

Más bien, nuestros esfuerzos deben enfocarse en trabajar con los pobres para ayudarlos a construir un futuro de esperanza y oportunidad para ellos mismos y sus hijos.

Las comunicaciones, los medios y la cultura

87. Los medios de comunicación impresos, de difusión y electrónicos forman la cultura. Para proteger a los niños y las familias, hace falta una regulación responsable que respete la libertad de expresión a la vez que también tenga en consideración las políticas que han rebajado los estándares, que han permitido material cada vez más ofensivo, y que han reducido las oportunidades de programación religiosa de carácter no comercial.

88. La normativa legal debería limitar la concentración del control de medios de comunicación, resistir a directivos enfocados principalmente en el lucro, y promover una variedad en la programación, incluida la programación religiosa. Los sistemas de clasificación de programas de televisión y la tecnología apropiada pueden ayudar a los padres de familia a la hora de supervisar los programas que ven sus hijos.

89. La Internet ofrece tanto grandes beneficios como problemas importantes. Los beneficios deberían estar disponibles a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos familiares. Ya que el acceso a material pornográfico y violento es cada vez más fácil, es necesaria la aplicación contundente de las leyes ya existentes contra la obscenidad y la pornografía infantil, así como de la tecnología que ayude a los padres, escuelas y bibliotecas a bloquear materiales indeseados o nocivos.

La solidaridad global

90. La creciente interconexión de nuestro mundo exige una respuesta moral, la virtud de la solidaridad. En las palabras de San Juan Pablo II, "la solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común" (Sollicitudo Rei Socialis, no. 38). Un mundo más justo promete ser un mundo más pacífico, un mundo menos vulnerable al terrorismo y a otros tipos de violencia. Los Estados Unidos tienen la responsabilidad de tomar el liderazgo ante el escándalo de la pobreza y el subdesarrollo. Nuestra nación debería ayudar a humanizar la globalización, tratando sus consecuencias negativas y difundiendo sus beneficios, especialmente entre los pobres del mundo. Los Estados Unidos también tienen la oportunidad extraordinaria de usar su poder, en cooperación con otras naciones, para construir un mundo más justo y pacífico.

  • Los Estados Unidos deben asumir un papel de liderazgo ayudando a aliviar la pobreza global, mediante un incremento substancial de la ayuda al desarrollo de los países más pobres, políticas comerciales más equitativas y esfuerzos continuos para aliviar el peso abrumador de la deuda y las enfermedades.
  • La política de los Estados Unidos debe promover la libertad religiosa y otros derechos humanos fundamentales. En particular, la política de los Estados Unidos debe promover y defender los derechos de las minorías religiosas en todo el mundo, especialmente en las regiones donde las personas de fe están amenazadas por la violencia simplemente por su fe.
  • Los Estados Unidos deben proveer apoyo político y económico a los programas beneficiosos y reformas de las Naciones Unidas, a otras instituciones internacionales y a la ley internacional, de forma que juntas estas instituciones puedan ser agentes más responsables y que respondan mejor a los problemas globales.
  • Se debe dar asilo a los refugiados que tienen un miedo bien fundado a la persecución en sus países natales. Nuestro país debe ofrecer apoyo a las personas que huyen de la persecución por medio de refugios seguros en otros países, incluidos los Estados Unidos, especialmente a los niños que no van acompañados, las mujeres, las víctimas del tráfico humano y las minorías religiosas.
  • Nuestro país debe ser un líder —en colaboración con la comunidad internacional— a la hora de tratar los conflictos regionales.
  • El liderazgo en el conflicto entre Israel y Palestina es una prioridad especialmente urgente. Los Estados Unidos deben promover activamente negociaciones comprensivas que lleven a una resolución justa y pacífica que respete las reivindicaciones y aspiraciones legítimas tanto de los israelíes como de los palestinos, garantizando la seguridad de Israel, la existencia de un estado viable para los palestinos, el respeto de la soberanía del Líbano y la paz en la región. La defensa de la vida humana, la promoción de la paz, la lucha contra la pobreza y la desesperación, y la protección de la libertad y los derechos humanos no sólo son imperativos morales, sino que también son prioridades nacionales prudentes que harán que nuestra nación y nuestro mundo sean más seguros.

Notes


7.    Véase Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 501.
8.    Véase Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales.
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