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Discriminación contra los servicios humanitarios católicos

 

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Durante muchos años, el Servicio de Migración y Refugiados (MRS) de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha cumplido con el compromiso de los obispos de servir y abogar por las personas refugiadas, las que han pedido asilo y otras desplazadas o forzadas a emigrar. Se le da un cuidado especial a los más vulnerables de entre estos, tales como las víctimas de la trata de personas. Este compromiso tiene su origen en el mandato evangélico de que todo individuo debe ser recibido por los discípulos como si fuera el mismo Cristo en persona con todo el derecho de seguir, sin restricción alguna, la llamada a la santidad.

Durante años, MRS adquirió mucha experiencia con su trabajo para poner fin al tráfico humano y proteger a los niños y adultos explotados por este abuso. En 2006, el Programa Anti-Tráfico de MRS (ATSP) empezó a administrar un programa federal que daba seguimiento a casos de víctimas extranjeras del tráfico humano identificadas en EE. UU. y sus territorios. En 2010, por medio de su red de agencias subcontratadas, ATSP proporcionó ayuda a los supervivientes del tráfico humano en 64 países, siendo India, México, Tailandia, Filipinas y Haití los países con el mayor número. Las víctimas eran explotadas en granjas, hoteles, casinos, domicilios privados, spas y otros establecimientos donde realizaban trabajo forzado o las vendían para la explotación sexual.

Pese a muchos años de excelente labor de MRS administrando la contratación de servicios para las víctimas del tráfico humano, en 2011, el gobierno federal cambió las especificaciones de contrato para exigirle a MRS, que proporcionara o remitiera a "servicios" de anticonceptivos y abortos en contra de la doctrina católica. El gobierno federal se negó a concederle una subvención a pesar de que MRS obtuvo una puntuación mucho más alta en la evaluación independiente encargada por el gobierno que las otras dos entidades a las que se les concedieron subvenciones. La puntuación de estas fue tan baja que la evaluación declaró que no estaban cualificadas.

Las instituciones religiosas no deben ser descalificadas de un contrato gubernamental por sus creencias religiosas, y no tienen por qué perder su identidad religiosa ni su libertad cuando firman esos contratos. Y, sin embargo, una corte federal de Massachusetts, dándole la vuelta a la libertad religiosa, ha declarado que la Primera Enmienda exige tal descalificación –que el gobierno de alguna manera viola la libertad religiosa al permitir que sea una organización católica la que participe en un contrato de manera consecuente con su creencias sobre la contracepción y el aborto. Por suerte, en 2013 una corte de apelación rescindió esta terrible decisión, aunque existe la posibilidad de demandas similares en el futuro.

¿Está siendo amenazada nuestra más preciada libertad?
Entre muchos otros desafíos actuales, el gobierno federal ha discriminado los servicios humanitarios católicos basándose en sus creencias religiosas, incluso cuando dichas creencias no afectaban a los servicios desempeñados. La libertad religiosa no es solo libertad de culto; también incluye nuestra habilidad para contribuir al bien común de todos los estadounidenses sin tener que comprometer nuestra fe. Sin comprender plenamente el sentido de la libertad religiosa sufrimos todos, especialmente las víctimas de la trata de personas.



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