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FORO ASUNTOS DE VIDA: Identidad y libertad religiosa

 

Kimberly Baker

20 de octubre de 2017

A principios de octubre, el gobierno de los EE. UU. hizo dos anuncios que afirman la importancia de la libertad religiosa en nuestro país.

Primero, el Fiscal General emitió un memorando que ofrece consejos sobre las "Protecciones de la ley federal para la libertad religiosa". El memorando del Fiscal General afirma la importancia de proteger la libertad de las organizaciones religiosas para que funcionen conforme a sus misiones religiosas.

En segundo lugar, la Administración de Trump anunció una exención religiosa y moral al mandato actual del Departamento de los EE. UU. de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) que exige cobertura del seguro de salud para diversas formas de anticoncepción, esterilización y drogas y dispositivos que inducen el aborto.

La exención ampliada al mandato del HHS protegerá las instituciones católicas y de otras religiones, como así también los grupos sin afiliación como la Marcha por la Vida que tiene objeciones morales a la participación en el aborto, de ser obligadas a cubrir productos en sus planes de salud que estén en contra de sus creencias religiosas o convicciones morales profundamente arraigadas.

Los críticos a esos anuncios inmediatamente reclamaron que tales exenciones "harán retroceder el progreso", y serán una imposición a toda la sociedad. Pero, de hecho, lo opuesto es cierto.

Si no se protege la libertad religiosa para que las organizaciones religiosas y las personas puedan vivir conforme a sus creencias religiosas, nos arriesgamos a ir por un terreno resbaladizo de coerción impuesta por el estado y pérdida gradual de la libertad para todos. La historia ha demostrado que suprimir las prácticas religiosas de los ciudadanos comunes puede llevar a que se quiten otras libertades civiles, como la libertad de expresión y la libertad de reunión.

Como sociedad, reconocemos el derecho de la persona a la libertad religiosa; lógicamente se desprende que esta misma libertad puede ejercerla de manera pacífica un grupo de individuos y las instituciones y organizaciones religiosas que administran (ver Dignitatis humanae, no. 4). Constituye una violación grave a la libertad que un gobierno obligue a una organización religiosa a adherirse a una ley o política que vaya en contra de sus  creencias fundamentales. Tal coacción esencialmente borra ese aspecto de la identidad religiosa de la institución y la elimina de manera injusta.

Permitir a las organizaciones religiosas que funcionen conforme a sus creencias religiosas difícilmente pueda denominarse una imposición sobre el resto de la sociedad. Las personas son libres de elegir su lugar de empleo, tomando en consideración si están dispuestas a respetar su misión. Si no están de acuerdo con algún aspecto de la misión, ya sea religioso u otro, son libres de trabajar en cualquier otro lado.

Al acogerse a sus creencias fundamentales, los grupos religiosos no están "forzando" sus opiniones sobre la sociedad; en cambio, la verdadera imposición es la represión y supresión de la identidad y expresión religiosa, dentro del funcionamiento de estos grupos, incluso debido a las leyes obligatorias. Por consiguiente es completamente válido y justo que un gobierno conceda tales exenciones religiosas.

El verdadero progreso consiste en permitir a las organizaciones religiosas ser auténticas a sus identidades religiosas y tener la libertad de servir contribuyendo al bien de la sociedad de diversas maneras. Los recientes cambios de política permiten a las organizaciones religiosas continuar siendo fieles a su misión e identidad religiosa, especialmente sobre la santidad de la vida. Aunque es nuestra esperanza que la santidad de la vida humana se respete en todas las áreas de la sociedad, estamos seguramente dentro de nuestros derechos de vivir y funcionar conforme a nuestras creencias dentro de nuestras propias organizaciones católicas. Por consiguiente, los anuncios recientes de la Administración sobre la libertad religiosa son afirmaciones correctas de esta libertad.



Kimberly Baker es coordinadora de programas y proyectos para el Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Para más información sobre las actividades pro vida de los obispos, visite www.usccb.org/prolife.


 



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