OBISPOS ACOGEN FAVORABLEMENTE DECISIÓN JUDICIAL CONTRA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS

WASHINGTON—El cardenal Daniel DiNardo de Galveston-Houston, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, acogió favorablemente la decisión de la corte federal de detener la financiación por parte de la administración Obama de investigaciones científicas de células madre provenientes de embriones humanos y calificó el fallo judicial de una “gran victoria para el sentido común y una ética médica sólida.” También afirmó que esta decisión judicial reivindica la lectura que hacen los obispos de la enmienda Dickey, aprobada por el Congreso desde 1996, la cual no permite la financiación federal de cualquier investigación que requiera dañar o destruir embriones humanos.

“Espero que esta decisión de la corte aliente a nuestro gobierno a renovar y expandir su compromiso con otras vías de investigación de células madre que sí son éticamente aceptables”, añadió el cardenal DiNardo. “Estas otras líneas de investigación están demostrando mayor promesa para aliviar los sufrimientos de los pacientes que la investigación destructiva de embriones humanos.”

La declaración completa se ofrece a continuación:

El mandato judicial preliminar en contra de la financiación de investigaciones científicas sobre células madre de embriones humanos por parte de la administración Obama es una gran victoria para el sentido común y una ética médica sólida. También reivindica la lectura del lenguaje estatutario del Congreso sobre investigación de embriones que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha defendido por más de una década.

Cada año desde 1996, el congreso ha aprobado la enmienda Dickey para prohibir la financiación de cualquier “investigación en la cual” se requiera dañar o destruir embriones humanos.

Esto debería haber asegurado que los contribuyentes no se vean forzados a financiar proyectos de investigación científica que requieren la destrucción de vida humana en su estado primario. Sin embargo, comenzando desde un memorándum legal comisionado por la administración Clinton en enero de 1999, esta ley ha sido distorsionada y reducida para permitir la financiación federal de investigación que depende en forma directa de dicha destrucción. Tal como dijera la conferencia de obispos en testimonio ante el Congreso en 1999, “una mera distinción técnica en los libros de contabilidad entre fondos usados para destruir el embrión y fondos utilizados para trabajar con las células resultantes no es suficiente” para cumplir con la ley. Asimismo, en el debate sobre la reforma de salud señalamos que una orden ejecutiva por sí misma no puede cambiar el significado de una ley aprobada por el Congreso, y que la tradicional política en contra de la financiación de planes de seguro médico que incluyen el aborto no se cumple, sino que se evita, mediante una distinción en los libros que simplemente separa cuentas dentro de dichos planes.

La tarea de todo buen gobierno es usar su poder de financiación para dirigir recursos allá donde mejor se sirva y respete la vida humana, no buscar nuevas maneras de evadir esta responsabilidad. Espero que esta decisión de la corte aliente a nuestro gobierno a renovar y expandir su compromiso con otras vías de investigación de células madre que sí son éticamente aceptables. Estas otras líneas de investigación están demostrando mayor promesa para aliviar los sufrimientos de los pacientes que la investigación destructiva de embriones humanos.

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