Presidente del Comité sobre Migración de la USCCB responde a orden ejecutiva de administración Trump sobre ciudades santuarios

 WASHINGTON—Mons. Joe S. Vásquez, obispo de Austin, Texas, y presidente del Comité sobre Migración de los Obispos de los Estados Unidos, ha emitido la siguiente declaración en respuesta a la orden ejecutiva de ayer firmada por el presidente Donald Trump. La orden ejecutiva negaría fondos federales a las jurisdicciones que decidan no cooperar con los esfuerzos federales para deportar inmigrantes indocumentados. Mons. Vásquez dice que esta norma podría ser perjudicial para las relaciones locales entre las comunidades y las autoridades del orden en que la construcción de confianza y relaciones de apoyo con las comunidades inmigrantes es esencial para reducir la delincuencia y ayudar a las víctimas.

A continuación la declaración completa:

Comparto la preocupación que todos sentimos cuando alguien es víctima de un delito, especialmente cuando el autor de ese delito es alguien que se encuentra en los Estados Unidos sin autorización. Exhorto a nuestras autoridades electas locales, estatales y federales a que trabajen juntas de una manera bipartidista para asegurar que todas las personas —ciudadanos estadounidenses y recién llegados por igual— estén protegidas de individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública. Sin embargo, me preocupa la orden ejecutiva emitida por el presidente el 25 de enero de 2017. Esta orden obligaría a todas las jurisdicciones a aceptar un régimen único general que podría no ser el mejor para sus jurisdicciones particulares.

Creemos en el valor intrínseco de la subsidiariedad y, como líderes espirituales que ministramos y vivimos todos los días en nuestras comunidades, reconocemos la importancia de las relaciones entre las autoridades del orden locales y las personas de las comunidades puestas bajo su vigilancia. Mis hermanos obispos y yo trabajamos para movilizar la participación tanto de las autoridades del orden locales como de las comunidades de inmigrantes y ayudar a fomentar el diálogo entre ellas. Sabemos que las relaciones de cooperación entre las autoridades del orden y las comunidades de inmigrantes son vitales. Temo que esta orden ejecutiva pueda ser perjudicial para esa necesidad vital.

Tengo un enorme respeto y valoro a nuestros agentes federales del orden que arriesgan su vida todos los días para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. También reconozco que puede haber situaciones en las que los gobiernos locales sientan que necesitan fomentar una relación con sus comunidades trabajando con las víctimas o testigos de delitos sin inculcar el temor de que, al presentarse a denunciar tales delitos, ellos o sus familiares serán entregados a las autoridades de inmigración.

Como escribió elocuentemente el arzobispo Salvatore Cordileone en julio de 2015 ante la tragedia acaecida en la Arquidiócesis de San Francisco: "A largo plazo, y conjuntamente con mis compañeros obispos, exhorto al Congreso y a la Administración a que trabajen juntos para reparar de manera integral el defectuoso sistema de inmigración de nuestra nación, un sistema que divide a las familias y socava la dignidad humana. Esta reforma, largamente demorada, debe preservar la unidad familiar, garantizar el debido proceso legal, proteger a los que huyen de la persecución y asegurar la integridad de las fronteras de nuestra nación".


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