Declaración del ComitéAdministrativo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

14 de marzo de 2012

En nuestra reunión de marzo del 2012, el Comité Administrativo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, nos encontramos fuertemente unidos e intensamente enfocados enla oposición a las diversas amenazas contra la libertad religiosa en nuestros días. Con espíritu de oración y en nuestra función como obispos, enfrentamoseste asunto como pastores que somos, y estamos preocupados no solo por la protección de las instituciones de la Iglesia, sino también por el cuidado de las almas de los fieles y del bien común.

Para poder proceder de una forma más amplia sobre los aspectos relacionados con la libertad religiosa, esperamos la publicación del documento "Una Declaración sobre la Libertad Religiosa," preparado por el Comité Ad Hoc para las Libertades Religiosas. Este documento estudia la historia de las libertades religiosas en nuestra grannación; investiga las amenazas existentesa este principio fundacional, y declara claramente la decisión de los obispos a actuar enérgicamente en su defensa y en coordinación con los ciudadanos. 

Un asunto que demanda nuestra inmediata atención y que está relacionado con las libertades religiosas es laya concluida ley del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) que obligaría virtualmente a todos los planes privados de salud de la nación a ofrecer cobertura de esterilización y anticoncepción—incluyendo drogas abortivas—estando los "empleadores religiosos" sujetos a una exención que es arbitrariamente estrecha, y para otras organizaciones religiosasa las que se les niega esta exención, un "acomodo" turbio y confuso en el futuro.

Comenzamos primero agradeciéndole a todos los que se han mantenido firmes junto a nosotros en nuestra enérgica oposición a este mandato injusto e ilegal: a nuestros hermanosobispos, al clero y a los religiosos; a los fieles católicos, al grupo maravilloso de organizaciones e instituciones católicas que estimulan nuestra sociedad civil. Damos gracias a nuestros aliados ecuménicos y miembros de las distintas confesiones; a todas las mujeres y hombres de todas las religiones (odeninguna); a los estudiosos de la ley y a los líderes cívicos. Su unión tan entusiasta en defensa de las libertades religiosas es la que ha provocado unimpacto tan dramático y positivo en este histórico debate público. Con la continuada ayuda de todos, no estaremos divididos y seguiremos adelante.

Segundo, deseamos aclarar lo que este debate es, y lo que no es. No se refiere al accesoa la anticoncepción, que es ya algo propagado y económico, aunque no sea ofrecido por la Iglesia ocosteado por ésta. No se refiere solamente a la libertad religiosa de los católicos, sino también a la de todos los creyentes que reconocen que suspreciadas creencias religiosas serán las próximas en ser afectadas. No se tratade que los obispos "prohíban la anticoncepción" cuando ya hace más dedos generaciones la Corte Suprema de los Estados Unidos retiró ese tema deldebate. Por supuesto que esto no se trata de que la Iglesia quiera forzar anadie a hacer algo, pero sin embargo se trata de que el gobierno federal esté obligando a la Iglesia —que está compuesta por sus fieles y por todas (exceptounas pocas) instituciones— a actuar en contra de las enseñanzas de la Iglesia.Tampoco es sobre la oposición al cuidado universal de la salud ya quecasi desdesu fundación en 1919, esta ha sido la preocupación de la Conferenciade Obispos Católicos de los Estados Unidos. No es una pelea que hemos querido obuscadonosotros, sino que nos la ha impuesto el gobierno cuando así lo ha querido. Finalmente,esto no tiene que ver con republicanos o demócratas; ni conconservadores oliberales. Este es un asunto de los estadounidenses.

Entonces, ¿de quése trata eldebate?

Una injustificada definición de la religión por parte del gobierno. El mandato incluye una definición extremadamente estrecha de lo que la HHS considera debeser un "empleador religioso" para merecer una exención — empleadores que, entre otras cosas, tienen que contratar y servir primeramente a aquellos de supropio credo religioso. Estamos profundamente preocupados sobre esta nueva definición de quiénes son personas de fe, y lo que constituye nuestro ministerio. La introducción de la definición, nunca antes vista, ha precipitado una luchapor las libertades religiosas. No es de la incumbencia del gobierno definir queson la religión y el ministerio religioso. De esta forma la HHS está creando y obligando a una nueva distinción— inusitadas las dos a la tradición católica ya las leyes federales— entre los lugares de culto y nuestros grandes ministeriosde servicio al prójimo, como son los pobres, los desamparados, los enfermos, los estudiantes en nuestros colegios y universidades, y otras personas con necesidades, de cualquier comunidad de fe, o de ninguna. Cf. DeusCaritas Est, Números 20-33. Tenemos que amar y servir al Señor. Sin embargo, las leyes que protegen nuestra libertad para cumplir uno de estos preceptos, pero que no nos protege con elotro, no son leyes dignas de elogio. Por lo tanto, no hay más remedio que rechazarlaspues crean una ciudadanía de "segunda clase" dentro de nuestra comunidad de fe. Y si se permite que permanezca esta nueva definición deciudadano, se expandirá dentro de las leyes federales debilitando su saludable tradición y generoso respeto a la libertad religiosa y a la diversidad. Todas, y no solo algunas de nuestras instituciones religiosas, comparten por igual elmismo derecho legalmente reconocido y otorgado por Dios a "no ser forzadosa actuar de una forma contraria a sus creencias." Dignitatis Humanae, Núm. 2.

El mandato que obliga a actuar en contra de nuestras enseñanzas. Aunque resulte alarmante, esta exención no es una simple intromission del gobierno a la administración interna de la Iglesia, en la cual el gobierno no tiene ninguna competencia o autoridad legal. En teoría, este error tiene consecuencias muy graves de principio y de práctica. Aquellos que la HHS no considera "empleadores religiosos" serán obligados por el gobierno a violar sus creencias y las enseñanzas de sus instituciones. Esto de por si no es una injusticia solamente, sino que también socava la eficacia de la proclamación de dichasenseñanzas a los fieles y al mundo. Por décadas los obispos han dirigido la lucha contra este tipo de incursiones en las conciencias de los individuos, particularmente en el área del cuidado de salud. Lejos de hacer que flaqueemos en nuestro continuado compromiso, la magnitud de esta nueva amenaza sin precedentes, ha fortalecido nuestra determinación de mantenernos constantemente enfocados.

Una violación a los derechos civiles del individuo. Pero el mandato de la HHS auncrea una tercera clase, la de los que no tienen ninguna protección: aquellas personas quienes, en sus vidas diarias tratan de actuar siempre de acuerdo consu fe ysus valores morales. Ellos también se enfrentan al mandato del gobierno altener que ofrecer "servicios" contrarios a sus principios— bien sea patrocinando o pagando el seguro como empleadores; pagando primas de seguros como empleados, o como asegurados, sin tener la posibilidad de estar exentos. Esto también esun hecho sin precedentes de la ley federal, quien siempre ha sido generosa al proteger los derechos de las personas para que éstas no actúen encontra de sus creencias religiosas o convicciones morales. Hemos apoyado consistentemente estos derechos, sobre todo los que se encuentran en el área de la protección de la dignidad de la vida humana, y lo continuaremos haciendo.

Tercero, quisiéramos indicar cuáles serán nuestros próximos pasos. Continuaremos nuestros esfuerzos firmes en el activismo público y la información relacionada con las libertades religiosas y su aplicación en lo que respecta a esta situación (así como aotras). Continuaremos aceptando cualquier invitación a dialogar con el Poder Ejecutivo para proteger la libertad religiosa que es nuestro derecho. Continuaremos buscando la legislación adecuada para restaurar los mismos niveles de libertad religiosa que hemos disfrutado hasta hace muy poco, y seguiremos explorando opciones de asistencia en los tribunales, al amparo de la Constitución de los Estados Unidos y de otras leyes federales que protegen la libertad religiosa. Para consolidarlos, todos estos esfuerzos se llevarán a cabo simultáneamente.

Pero más importante que todo, hacemos un llamamiento a los fieles católicos, y a todas las gentes de fe portodo el país, a que se unan a nosotros en oración y penitencia por nuestros líderes, y por la total protección de nuestra Primera Enmienda —la libertad religiosa— la cuál está protegida no sólo por las leyes y las prácticas de nuestra gran nación, sino que también está enraizada en las enseñanzas de nuestra gran Tradición. La oración es la fuente suprema de donde procede nuestra fuerza, ya que sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios todo es posible.